Al tiempo que por orden del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, se volvió a allanar ayer el penal de Ezeiza y otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal, también se dispuso que sean peritados por primera vez -o vueltos a peritar según sea el caso- más de 50 teléfonos celulares secuestrados en allanamientos realizados en la causa en la que se investiga un supuesto espionaje ilegal contra exfuncionarios kirchneristas detenidos durante el gobierno de Mauricio Macri.
La medida fue ordenada a instancias de los fiscales que llevan el caso, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, mientras que los teléfonos habían sido secuestrados cuando la causa estaba a cargo del juez federal Federico Villena quien fue apartado del expediente el 3 de julio por la Cámara Federal de La Plata.
Los fiscales solicitaron la medida tras repasar todo el expediente por el que ya fueron indagados más de veinte ex espías y la ex empleada de la dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, a quienes aún no se les resolvió la situación procesal.
Para una veintena de los celulares, el magistrado dispuso que sean sometidos a una “nueva” extracción forense de datos utilizando el sistema UFED, o UFED Premium para el caso de aquellos que poseen claves de acceso que hayan impedido peritajes con las versiones menos sofisticadas de ese sistema.
En relación a otros 30 teléfonos celulares, el juez ordenó los peritajes por primera vez porque, según señaló, de esos dispositivos “no existen constancias en autos de que se haya realizado el procedimiento mencionado”.
Entre los celulares que aún no habían sido sometidos a peritajes anteriores se encuentra uno de Martinengo y cuatro secuestrados en el domicilio de Dario Nieto, el secretario privado del ex presidente Mauricio Macri; que había sido allanado por orden del juez Villena.
La medida fue encomendada a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, que deberá proceder a la “extracción global y copiado de todos los datos (imagen forense) de los teléfonos celulares”, según surge de la resolución a la que tuvo acceso Télam.
El juez también autorizó “al personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en calidad de colaboradores técnicos del Ministerio Público Fiscal, a que presencien la actividad y se labre el informe pertinente”.
En la causa se investiga “una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia” que “se habría dedicado a la realización de seguimientos, recopilación de datos y confección de informes personales”.
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