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Política y Economía |La causa fue girada al juzgado federal de reconquista

Acusan a Vicentin de usar facturas apócrifas y la denuncian penalmente

La AFIP sostiene que la empresa agroexportadora se valió de esa maniobra entre 2016 y 2019 para acceder a reintegros del IVA por exportaciones por una cifra superior a los 100 millones de pesos

Acusan a Vicentin de usar facturas apócrifas y la denuncian penalmente

el intento de expropiación ya había generado protestas /archivo

23 de Agosto de 2020 | 02:19
Edición impresa

La empresa agroexportadora Vicentin, que el Gobierno de Alberto Fernández pretendió fallidamente expropiar, volvió a quedar ayer en medio de un temporal, luego de que la Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) confirmara oficialmente que denunció penalmente a la cerealera y a sus responsables por el supuesto uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de 110 millones de pesos, según informó ayer el organismo público.

De esta manera, la exportadora, que arrastra un default de 100.000 millones de pesos, fue denunciada por la AFIP “por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales” ante el Juzgado Federal de Reconquista.

“La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019”, explicó el organismo en un comunicado oficial.

Según la información oficial de la AFIP, “la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores”.

La AFIP aseguró que la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentin, para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.

A partir de eso, el organismo dijo que “pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería”.

Las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros “eran falsos, en tanto no denotaban actividad real”, y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron “incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos”.

“Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados”, concluyó el ente recaudador.

El viernes, la Cámara Federal porteña había confirmado el envío a la Justicia santafesina de parte de la investigación sobre la empresa Vicentin, en lo relativo a posibles delitos impositivos y venta de acciones.

El Tribunal de Apelaciones avaló así la decisión tomada por el juez federal porteño Julián Ercolini, quien declaró su incompetencia parcial para investigar parte de los delitos en el marco de la causa por defraudación que se sigue a la firma y a exdirectivos del Banco Nación en la administración de Mauricio Macri por multimillonarios préstamos otorgados, según el fallo al que accedió Télam.

La AFIP afirma que las operaciones fraudulentas se realizaron entre 2016 y 2019

El camarista Pablo Bertuzzi confirmó por “ajustada a derecho” esa decisión firmada por Ercolini el 20 de julio último.

Y, recordó que en ese “legajo se investiga la posible defraudación que Vicentin SAIC habría realizado en perjuicio del Estado Nacional, como consecuencia de la posible connivencia de funcionarios estatales para el otorgamiento irregular de créditos tomados ante el Banco de la Nación Argentina”.

En la pesquisa a cargo de la justicia federal porteña “se indaga respecto del destino dado a dichos fondos, que podría involucrar a empresas radicadas en el extranjero, mecanismos ilegales de fuga de divisas y operaciones en cuentas off-shore”, añadió el fallo.

Además se investigan, en el tramo en el que el magistrado declaró su incompetencia, maniobras “que fueron cometidas en principio por otros actores, en otra jurisdicción y que escapan a la competencia de este fuero”, resolvió el camarista.

La denuncia penal alcanza también a los responsables de la empresa santafesina

 

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