Reforma judicial: polémica por propuesta de agregar la figura de “presiones mediáticas”

Comenzó el debate en el Senado sobre el proyecto de reforma judicial que fue impulsado por el Gobierno y las discusiones ya se libran en el plenario de comisiones. Fue allí donde el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli hizo una propuesta que generó mucho ruido: pidió agregar que los jueces puedan plantear como posibles presiones la de los medios de comunicación.

Parrilli participó virtualmente en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales. Allí fue donde solicitó que se incluya a los “poderes mediáticos” como “grupo de presión” pasible de ser denunciado por los jueces de todos los fueros con jurisdicción federal, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, frente a un presunto “intento de influencia en sus decisiones”.

Ante el pedido del senador oficialista, le llovieron las críticas. Una de ellas fue la que lanzó la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), quien advirtió en un comunicado que se busca “acallar voces” de los medios de comunicación. además sostuvo que  “lejos de permitir un debate abierto y vigoroso que mejore y transparente la administración de Justicia, contribuirá a hacerla más opaca, más presionable, menos efectiva y menos cercana a la ciudadanía”.

Además creen que se trata de “un riesgo para la libertad de expresión, el derecho a la información y el debate democrático”. Asimismo advirtieron sobre el peligro de que “se promuevan normas arbitrarias y sin antecedentes en el mundo, que terminen inhibiendo el libre y pleno ejercicio periodístico en nuestro país”.

Lo cierto es que si bien el artículo en cuestión del proyecto de reforma menciona como factores de influencia a los “poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole”, Parrilli consideró necesario incluir explícitamente a los medios de comunicación. Ello deja en claro que el objetivo es promover mecanismos de intimidación, autocensura o silenciamiento del periodismo a la hora de informar, investigar, opinar o criticar la labor judicial.