Siguen los cruces entre el Gobierno de Javier Milei y Axel Kicillof por la captura de Nicolás Maduro

La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras una operación militar de Estados Unidos, abrió un fuerte cruce político en la Argentina entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el Gobierno nacional. Mientras el mandatario bonaerense cuestionó el accionar estadounidense por considerarlo una violación de la soberanía y del derecho internacional, el oficialismo nacional respaldó la intervención y la enmarcó en un proceso judicial contra un régimen dictatorial.

El intercambio de posiciones se produjo luego de que Kicillof difundiera un comunicado en el que expresó la condena de la Provincia al ataque militar y a la detención de Maduro, lo que motivó una respuesta inmediata de funcionarios nacionales y dirigentes del oficialismo.

En su pronunciamiento, el Gobernador sostuvo que la operación encabezada por Estados Unidos “constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional”, al tiempo que advirtió que altera la estabilidad regional y sienta un precedente peligroso para América Latina.

Kicillof argumentó que las acciones militares vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y desconocen el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Además, señaló que el accionar contradice doctrinas históricas de la política exterior argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo, tradicionalmente asociadas a la defensa de la soberanía y a la resolución pacífica de los conflictos.

En ese marco, remarcó que la Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y en la prohibición del uso de la fuerza, y afirmó que los principios de defensa de la paz, la integridad territorial y la soberanía nacional “deben estar por encima de cualquier conveniencia económica”.

La respuesta del Gobierno

Desde el Gobierno nacional, la respuesta fue encabezada por el ministro del Interior, Diego Santilli, quien cuestionó la postura del Gobernador y habló de una visión “parcial” frente a la situación venezolana. Sostuvo que Maduro se perpetuó en el poder, que las elecciones no fueron transparentes y que el régimen es acusado de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

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Santilli afirmó que la captura del presidente venezolano responde a un pedido de la Justicia de Estados Unidos, que lo juzga como “narcodictador”, y la consideró un paso relevante en la lucha contra las dictaduras. En ese sentido, sostuvo que se trata de una acción orientada a respetar la voluntad popular y a avanzar hacia la recuperación de libertades en Venezuela.

El ministro reafirmó además la posición que ya habían expresado la Cancillería y el presidente Javier Milei, quienes respaldaron de manera explícita el accionar estadounidense. “Hay que enfrentar a las dictaduras, en este caso una narcodictadura que no solo daña a su pueblo sino que tiene impacto en el mundo entero”, señaló, y calificó la jornada como “un día histórico” en el proceso de cambio político en Venezuela.

Seguridad y política regional

En paralelo al debate político, el Gobierno nacional analizó posibles medidas de refuerzo en la seguridad fronteriza, en un contexto marcado por el impacto regional de los acontecimientos en Venezuela. Santilli indicó que los ministros del área se encontraban “en pleno trabajo” y vinculó estas acciones con las restricciones migratorias anunciadas para ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen chavista.

Según explicó, el objetivo del Ejecutivo es preservar la paz, el orden y la tranquilidad en la Argentina, al tiempo que se busca consolidar al país como un referente en la defensa de la libertad a nivel internacional.

La postura de Kicillof también fue cuestionada por otros referentes del oficialismo nacional. La senadora nacional y exministra de Seguridad Patricia Bullrich se sumó a las críticas y sostuvo que no existen matices a la hora de condenar a las dictaduras. En un mensaje público, afirmó que defender regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos resulta incompatible con los valores de una sociedad democrática.