Reclamaron el sobreseimiento de D’Onofrio por el borrado de multas

Al cierre del ejercicio judicial 2025, ingresó un pedido de sobreseimiento para Jorge D’Onofrio, el ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que está siendo investigado en varias causas, una de ellas por un presunto borrado de infracciones viales, en supuesta connivencia con jueces de faltas, gestores y/o abogados, a cambio de una contraprestación dineraria.

La presentación la realizaron sus abogados defensores, Ramiro Pérez Duhalde y Juan Isidro Pérez Duhalde, ante el juez que interviene en el caso, Juan Pablo Masi, el cual afronta un pedido de jury.

En el documento, al que tuvo acceso este diario, se expresa que la instrucción se desarrolló de manera errática, sin hipótesis delictiva sólida ni objeto procesal definido, en violación a los principios de legalidad, objetividad y plazo razonable y que “pese al empeño puesto por el Señor Agente Fiscal nada ha encontrado que pruebe las peregrinas hipótesis incriminatorias a su respecto”.

El planteo remarca que el Estado no puede mantener indefinidamente a una persona bajo sospecha sin elementos de cargo.

El escrito refiere también que, tras años de instrucción, múltiples IPP acumuladas y abundante producción probatoria, “no se logró acreditar delito alguno, ni autoría ni participación del imputado”.

La defensa sostuvo que las causas -vinculadas a la baja de sistema de multas de tránsito y la instalación de cinemómetros- se basan en denuncias maliciosas, testigos reservados sin respaldo objetivo y hechos lícitos de naturaleza administrativa.

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Además, se destacó que no existe prueba de asociación ilícita, cohecho ni exacciones ilegales y que muchas de las situaciones investigadas serían ajenas a las funciones del exministro.

En ese contexto, la defensa afirmó que la investigación se encuentra agotada y pidió cerrar el proceso con el sobreseimiento definitivo, por inexistencia de delito y por respeto a las garantías constitucionales del debido proceso.

Dijeron los letrados de D’Onofrio que de los 205 cinemómetros que se reprochan, “solo uno fue habilitado a partir del año 2022 sin que se haya hallado acto administrativo previo”.

En ese punto agregaron que de “su declaración oral del 28/05/25 D’Onofrio explicó que dicha alta correspondió al reemplazo de un equipo vandalizado, instalado en el mismo sitio, de la misma marca y modelo, y que ya contaba con resolución administrativa previa”.

Por eso aclararon que era “la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, luego Subsecretaría de Política y Seguridad Vial -e interinamente la Dirección Provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa-, los órganos encargados de autorizar la colocación y uso en rutas, caminos, autopistas y semiautopistas provinciales, nacionales y municipales de instrumentos cinemómetros y otros equipos o sistemas automáticos, semiautomáticos o manuales”.

Por último, citaron que “para el caso de colocación y uso de equipos cinemómetros en rutas nacionales, el Municipio requeriente debía acompañar las correspondientes autorizaciones de los organismos nacionales competentes. Es decir que la aprobación de la instalación de equipos no forma parte de las funciones de nuestro defendido, ninguna intervención tenía en dicho trámite. Siendo responsabilidad de cada Municipio la contratación con el proveedor, requerir la autorización y brindar la información correcta a efectos de su aprobación por la administración”.

AVANZA EL JURY

Paralelamente, de fuentes de tribunales se supo que avanza la denuncia de jury contra el magistrado que interviene en el proceso, Juan Pablo Masi, por la que se está cruzando información entre la UFI 11 y la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires.

Como se recordará, el abogado Matías Yofe y el diputado por la Coalición Cívica, Luciano Bugallo Di Prinzio, fueron quienes dieron impulso a la medida.

Ahora desde la Secretaría de Enjuiciamiento solicitaron la resolución de Masi, cuando pidió la declinatoria de competencia de un juez federal por una investigación análoga, la apelación que hizo el fiscal Álvaro Garganta y el decisorio final del magistrado.