El Congreso de la Nación comienza a discutir, desde hoy, un conjunto de leyes con las que el Gobierno busca darle forma a su modelo económico. El paquete incluye el Presupuesto 2021, el impuesto a las grandes fortunas, la refinanciación de las deudas de las provincias con ANSES y la exclusión de ayuda estatal a empresas radicadas en paraísos fiscales. También se definirá la nueva fórmula de cálculo de los haberes jubilatorios, un asunto sensible en la agenda gubernamental.

El debate tendrá lugar en medio de la tensión política creciente entre el Frente de Todos y la principal coalición opositora, Juntos por el Cambio. Ayer mismo, el presidente Alberto Fernández criticó a su antecesor Mauricio Macri al afirmar que no es su intención “multiplicar la estafa de los últimos cuatro años”, en una réplica directa a una columna de opinión del ex mandatario en la que sostuvo que “para poder gobernar sin límites”, el Gobierno “violenta” la Constitución nacional.

El ruido político con el que deberá lidiar el ministro de Economía, Martín Guzmán, se intensificó cuando Alberto F. dispuso la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para traspasar los fondos a la provincia de Buenos Aires en medio de la crisis policial. El alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta recibió ayer el respaldo de la mesa nacional de JxC, en una reunión por zoom que incluyó a Macri. Los referentes opositores lo definieron como un “despojo arbitrario”.

El autor del documento que refrendó el encuentro fue Mario Negri, el radical cordobés que lidera el interbloque de diputados nacionales de JxC. La principal bancada opositora madura una postura mayoritaria de rechazo al impuesto a las grandes fortunas (Aporte Solidario en la semántica oficialista) aunque según admitieron a EL DIA fuentes partidarias, no reclamará que el proyecto sea tratado en forma presencial en la Cámara baja para “no exponer las diferencias internas”.

La iniciativa lleva el sello político de Máximo Kirchner y empezará a ser tratada hoy en la comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller.

En ese ámbito se debatirá, en forma paralela, otro proyecto para refinanciar las deudas de las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES –un reclamo de los gobernadores, incluido Axel Kicillof- y un tercero para excluir a las empresas radicadas en “paraísos fiscales” de ayuda estatal.

Un almuerzo con Guzmán

Mientras tanto, el proyecto de Presupuesto 2021 ingresará a Diputados esta tarde y el ministro de Economía, Martín Guzmán, lo defenderá el martes de la semana próxima ante un plenario de comisiones, según acordó con el presidente del cuerpo, Sergio Massa; Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Wado de Pedro, en un almuerzo que compartieron ayer en el Salón de Honor de la Cámara baja. Guzmán anticipó en ese marco los números macro de la “ley de leyes”.

Entre otros puntos, confirmó que el déficit fiscal se ubicará en torno a 4,5 puntos del Producto Bruto Interno, que la inflación se estimará en el 28% anual y que se mantendrá el “impuesto PAIS” a la compra de dólares, con lo cual continuará el desdoblamiento del tipo de cambio. Massa y Máximo, de acuerdo a voceros consultados, pidieron a Guzmán precisiones sobre el envío de fondos a las provincias que contendrá el Presupuesto, ya que se trata de un elemento de negociación.

Guzmán acordó además que el viernes explicará a los diputados y senadores del FdT el contenido del Presupuesto, a través de un zoom, al tiempo que trascendió que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria –clave para la futura negociación del ministro con el Fondo Monetario- será enviada por el Gobierno al Congreso a fin de mes. Ese proyecto será debatido por dos meses en forma remota y luego JxC reclamará que sea tratado en el recinto en forma presencial.

La misma lógica aplicará para el Presupuesto 2021 y para la reforma judicial, que todavía no tiene fecha de tratamiento en la Cámara baja, tras la sanción en el Senado. El contexto en el que se abordará en el Congreso el paquete económico del Gobierno no es el mejor: ayer se conoció que la empresa chilena Falabella se va del país y el Gobierno porteño ratificó que mañana pedirá a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la quinta de coparticipación.

Según pudo saber este diario, la administración de Larreta perdió, entre el viernes y ayer, 600 millones de pesos que fueron recortados del “goteo” de la coparticipación federal a la CABA, a razón de $150 millones diarios. Mientras que aún no está claro cómo llegarán esos fondos a la provincia de Buenos Aires. La atención política, tanto del oficialismo como de la oposición, está puesta ahora sobre la Corte. En ese marco, el Gobierno pone en marcha su paquete económico.