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José Maldonado
jmaldonado@eldia.com
El gobierno bonaerense trabaja contra reloj y "caso por caso" buscando que los ocupantes dejen las tierras usurpadas en la localidad de Guernica a cambio de un compromiso de trabajar en soluciones de vivienda particularizadas, mientras intenta conseguir un nuevo aplazamiento del desalojo de las más de 2 mil familias que están en el predio ordenado por la Justicia. Pero ya dejó saber que si no logra que las tierras se desocupen pacíficamente, cumplirá con el operativo policial para devolver las hectáreas a sus dueños, que debería hacerse antes del próximo lunes 5.
La postura de la administración del gobierno bonaerense fue ratificada ayer, en medio de los anuncios que hizo Axel Kicillof, que lanzó un plan para la construcción de 33.600 viviendas sociales y la generación de más de 85 mil lotes con servicios con el objetivo de intentar descomprimir la "olla a presión" por el acceso a la tierra en el Conurbano.
Hoy, el ministro de Desarrollo para la Comunidad de la Provincia, Andrés Larroque, pidió hoy una audiencia con el Juez de Garantías Martín Rizzo para informarle los avances del trabajo para relocalizar a los ocupantes de las tierras tomadas en Guernica, a horas del desalojo ordenado por el magistrado para el próximo jueves.
Con esa presentación, la Provincia busca ganar tiempo en medio de la delicada situación abierta en torno a las hectáreas ocupadas por unas 2 mil familias, donde los delegados de la toma y los movimientos de izquierda que desembarcaron allí advierten que no desalojarán pacíficamente.
Cerca del ministro Larroque explican que en el informe que se presentó hoy ante el juez Rizzo se detallaron los avances en el trabajo "caso por caso" que se viene haciendo en la monumental toma de Guernica, de más de 100 hectáreas y con cuatro incipientes "barrios" formados.
La propuesta que los operadores de la mesa interministerial llevan a cada ocupante es que dejen las tierras y vuelvan a sus lugares de origen a cambio de trabajar en soluciones habitacionales personalizadas y dejar sin efecto cualquier actuación judicial por la toma.
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Hoy, más temprano, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, dijo que el Gobierno provincial "tiene que cumplir con la decisión de la Justicia de desalojar" el próximo jueves el predio y señaló que, de lo contrario, la administración "tendrá consecuencias penales".
"Nosotros tenemos que cumplir con la decisión de la Justicia, que es el desalojo, si no, tendremos consecuencias penales. Es así: hay algo que se llama deberes de funcionario público y, en este caso, la Justicia es la que decide y el Ejecutivo debe instrumentar la medida", aseveró el jefe de Gabinete del distrito.
El 8 de septiembre último, la Justicia penal de La Plata ordenó el desalojo de las tierras ocupadas en julio pasado en un predio en Guernica, partido bonaerense de Presidente Perón, donde, según el censo del Gobierno bonaerense, hay 1.309 familias ocupando un predio de 100 hectáreas.
La decisión fue adoptada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que ratificó el fallo del juez de Garantías, Martín Rizzo, quien posteriormente postergó la desocupación de los terrenos hasta el 1º de octubre. "Queremos negociar de una manera pacífica pero no nos dejan entrar a los terrenos para buscar una solución y es muy complicado. Por eso, estamos trabajando tanto tiempo antes para buscar una salida negociada", agregó.
En tanto, Bianco sostuvo que el Gobierno bonaerense "trabaja permanentemente de la forma más razonable y pacífica para darle una solución estructural al problema, que no implica una solución inmediata sino un trabajo permanente en el tiempo".
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