Kicillof endureció su discurso ante las usurpaciones y dijo que son “ilegales”

El creciente fenómeno de las usurpaciones que se registran en el Conurbano, La Plata y algunos distritos del interior bonaerense, generó ayer que los funcionarios bonaerenses se abroquelaran para condenar las tomas a las que calificaron de “ilegales”. La reacción se produjo luego de que un grupo de intendentes del propio oficialismo saliera a reclamar a la Provincia que “pusiera un límite” a este tipo de delitos, un planteo en el que habían hecho punta los alcaldes de Juntos por el Cambio.

El lunes, cuando las tomas de terrenos y viviendas seguían sucediéndose, Axel Kicillof había dicho que detrás de ellas existe una “innegable necesidad” y que aparecen “muchas dificultades para avanzar en las soluciones” a las ocupaciones. “Tiene que haber una respuesta del Estado”, completó. Pero ayer fue mucho más enfático al sostener que “las usurpaciones no sólo son ilegales, sino que además producen situaciones injustas”.

“Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene un enorme déficit habitacional, pero éste no se soluciona con intrusiones ilegales”, remarcó Kicillof tras una reunión que mantuvo con varios intendentes del Conurbano y buena parte de su gabinete.

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El mandatario recibió ayer en la Gobernación a los jefes comunales de Presidente Perón, Blanca Canteros; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Florencio Varela, Andrés Watson; Berazategui, Juan Patricio Mussi; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Berisso, Fabián Cagliardi; La Matanza, Fernando Espinoza; San Fernando, Juan Andreotti; Quilmes, Mayra Mendoza; y Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. Con ellos buscó coordinar acciones para abordar la problemática de las tomas ilegales.

También estuvieron presentes los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; Justicia, Julio Alak; Seguridad, Sergio Berni; Gobierno, Teresa García; Infraestructura, Agustín Simone y el jefe de Gabinete, Carlos Bianco.

La postura del gobierno bonaerense se endureció frente a las usurpaciones en sintonía con la actitud adoptada por la Casa Rosada que también salió a condenar las tomas (ver aparte).

Kicillof dijo que “el ministerio de Seguridad, al mando de Sergio Berni, viene actuando incansablemente para evitar nuevas tomas”, pero advirtió que, “además, es necesario que la Justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente”.

En medio de la polémica, Berni acusó en las últimas horas a dirigentes del Movimiento Evita de estar detrás de algunas de las usurpaciones. Dos de ellos, Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico, forman parte del equipo de Alberto Fernández. Navarro salió a desmentir a Berni.

En ese contexto, Kicillof expuso que “para enfrentar el déficit habitacional, Nación, Provincia y municipios disponen y están reforzando diferentes planes de vivienda, de urbanización de barrios populares y de acceso al suelo”.

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“Esos planes fueron prácticamente abandonados durante los últimos cuatro años generando una necesidad mayor”, continuó y resaltó que “es el Estado el que tiene que dar una solución de fondo a esta problemática”.

Según informó la Gobernación, se acordó con los intendentes “un plan de acción que consta del establecimiento de una mesa de trabajo conjunta entre la Provincia y los municipios del AMBA, de modo de dar un abordaje integral a la problemática con acciones de carácter coyuntural y estructural”.

Dentro de las acciones puntuales para evitar nuevas usurpaciones y tomas ilegales, se estableció un sistema de “alerta temprana” entre los municipios, la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Gobierno, Seguridad y Justicia y Derechos Humanos.

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad se encargará de la asistencia a las poblaciones vulnerables que sufren del déficit habitacional.

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En relación con las políticas estructurales, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos anunció la puesta en marcha, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, de un plan de 8.000 viviendas en el marco del Programa “Provincia en Marcha” para los años 2020 y 2021.

Se reiniciarán 5.700 viviendas cuya construcción había sido interrumpida por la gestión anterior y se construirán 2.300 nuevas viviendas, con financiamiento nacional y provincial.

Por su parte, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) está llevando a cabo el plan de urbanización de barrios populares en 14 distritos de la Provincia., informó el gobierno provincial.