La oleada de tomas de tierra en la provincia de Buenos Aires, que empezó hace muchos años y que se acentuó en 2020, parece no tener fin. A casi doce meses de la usurpación de tierras más amplia en el territorio bonaerense -correspondiente a la llamada megatoma de Los Hornos, que abarca a más de 150 hectáreas en la zona comprendida por las calles 76 a la 90, desde 141 a 155- continúa en estos días la venta ilegal de lotes de esa superficie a través de las redes. Los vecinos agregan que no terminan de instalarse nuevos intrusos en el predio.

Antes que otra consideración, debiera señalarse que se está frente una situación especialmente inadmisible, toda vez que las autoridades bonaerenses anunciaron planes de urbanización a concretar en ese predio y, en otros casos, habilitaron programas de asistencia crediticia, que incluyeron entregas de subsidios, en medidas destinados a desalentar las tomas ilegales y presentar alternativas habitacionales. Sin embargo, el “remate” de parcelas en Los Hornos sigue a toda vela.

Lo cierto es que por Facebook, convertido en una vidriera virtual, se ofrecen a la venta lotes de diferentes dimensiones. Tal como se informó ayer en EL DIA, en algunos casos los venlos vendedores reconocen abiertamente que se trata de tierras usurpadas en la toma de Los Hornos, aunque aclaran que el precio “es charlable”. Los vecinos, que desde febrero del año pasado enfrentan múltiples consecuencias negativas a partir de la toma, corroboraron que “la venta la venta de lotes sigue en las redes y ya ni siquiera tienen el cuidado de ocultar de donde son ellos ni de dónde viene esa tierra puesta en venta”.

Los vecinos históricos están preocupados, entre otros motivos, por los servicios de infraestructrura, en particular por el de la energía eléctrica, debido a que desde que comenzó la toma los cortes son permanentes. “Les han dado conexión adentro del predio. Y cada vez que se nos corta, van operarios a hacer arreglos ahí”. Otro de los problemas tiene que ver con la seguridad. Tal como se vino informando, desde que comenzó la usurpación los vecinos realizaron una sucesión de denuncias por robos, amenazas y amedrentamientos por parte de los usurpadores.

El proyecto oficial -se aseguró en su momento- consiste en avanzar con la construcción de unidades habitacionales en esas tierras. En agosto pasado el Gobierno Nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado -dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación- cedió al ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, parte del predio, que “será destinado a generar lotes con servicios”. Sin embargo, tal como se ha dicho, la venta particular de lotes continúa imparable.

Se ha dicho en forma reiterada que el Estado se encuentra en grave deuda en materia de política habitacional, en una situación que se agrava con el paso de los años y el crecimiento de la población. Son planes crediticios razonables, seguidos de la promoción de obras correspondientes, las medidas que hacen falta. Pero esa omisión injustificable deuda no debiera verse “compensada” con la luz verde que parece habérsele dado a organizaciones mafiosas que han montado el negocio de la ocupación y venta ilegítima de tierras en nuestro país.