Senado bonaerense: el oficialismo quedaría obligado a negociaciones

En el mundillo político bonaerense, en especial dentro del peronismo, se manejan ciertas certezas que configurarán los dos últimos años de la gestión de Axel Kicillof. Luego de las Primarias de setiembre, una de ellas es que difícilmente el oficialismo cambie la relación de fuerzas en el Senado provincial, hoy dominado por la oposición de Juntos. El Frente de Todos puede llegar a ganar algún senador más, con un viento de cola muy favorable, pero no podría conseguir supremacía.

Eso obligaría, analizan en las mesas políticas provinciales, a cambiar una lógica que imperó en la primera parte del gobierno de Kicillof: la poquísima tendencia del Gobernador y su grupo de incondicionales a la negociación política.

Ya se dijo en estas páginas: hasta las PASO, la obsesión de Axel era conseguir que el Senado provincial le responda. Es que, con los números actuales, nada sale de allí sin la anuencia de Juntos: la oposición cuenta con 26 senadores propios; el oficialismo, con 20. Se reitera: las proyecciones reservadas que manejan en la gobernación no acercan buenas noticias, de cara a las legislativas de noviembre.

Y resulta que hay un paquete de cargos que están vacantes que requieren acuerdo del Senado para poder ocuparse. Es aquí donde cobra relevancia, tanto en el PJ no kirchnerista como en la oposición, lo que representa la figura del nuevo jefe de gabinete, Martín Insaurralde. Es la cabeza del grupo de intendentes del peronismo que acaba desembarcar en el gabinete provincial, una suerte de intervención al gobierno de Kicillof por parte del justicialismo territorial.

Se estima en los pasillos políticos que Insaurralde encarnaría todo lo contrario a su antecesor, Carlos Bianco, hoy con cargo de jefe de asesores del gobernador. Esto es: oficio para negociar lo que haya que negociar con los opositores para destrabar cuestiones esenciales para el funcionamiento del gobierno provincial y para llevar cierta lógica “pacifista” o “de consensos” a la política bonaerense mirando los dos próximos años, que se estiman muy complicados económica y socialmente.

Casi dando por descartado que el Frente de Todos no podrá revertir el resultado de las PASO, en el PJ circulan dos líneas de análisis. Una: la eventual derrota –incluso si es peor que la de septiembre- obligaría a la logia de intendentes a salir del Ejecutivo provincial y replegarse en sus territorios bajo el argumento de que no pudieron revertir el resultado. Dos: al contrario, una caída les daría un papel imprescindible para asistir a un derrotado Kicillof hacia un final de mandato ordenado, cobrando incluso más preponderancia política.

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Es en este último escenario donde lo que esté en juego en el Senado provincial cobra especial preponderancia. Según la Constitución bonaerense, es notable el paquete de cargos que requiere acuerdo de la Cámara Alta: ministros de la Suprema Corte, funcionarios judiciales de alto rango, directores del Banco Provincia, Tesorero y Protesorero de la Provincia, Contador y sub contador, Fiscal de Estado, Presidente y vocales del Tribunal de Cuentas, Procurador General, etc.

Obviamente que no todo está en juego. Pero hay lugares clave que, siguiendo esa lógica de cambio de reglas, Axel se verá obligado a negociar. Por ejemplo:

-En la Suprema Corte hay tres vacantes libres, de siete sillones totales. Está cantado que la oposición pedirá no menos de un lugar.

-Una obsesión de Kicillof desde que asumió fue desplazar al Procurador General, el jefe de todos los fiscales, Julio Conte Grand, cercano a Juntos. Sólo es posible con una renuncia o juicio político, algo imposible para el PJ dado los números actuales en el Senado. Tampoco sería viable luego de noviembre.

-Existen cientos de vacantes judiciales sin cubrir. Se especula que una inyección de política al gabinete abrirá una etapa de conversaciones con la oposición para que no suceda lo que pasó durante un año y medio: Kicillof se negó a firmar la designación de 40 jueces ya aprobados por el Senado porque habían sido votados antes que él asuma.

-El Banco Provincia tiene ocho directores, que se renuevan por mitades cada cuatro años. Cuando Kicillof asumió se negó a renovar los cuatro de ese turno. No quería ceder nombres a la oposición. Pero sucedió algo: poco antes de las PASO, la directora Juliana Di Tullio asumió como senadora nacional en reemplazo de Jorge Taiana, que fue al ministerio de Defensa. Era la que seguía en la lista del FdT. Así, el directorio del Banco se quedó sin quórum para funcionar.

El Ejecutivo entonces mandó un pliego al Senado. De alguien propio, claro: Alejandro Formento. Nunca se trató. Es muy difícil que la oposición levante las manos sin que Axel le ceda algún lugar. Encima, en diciembre vencen los tres sillones restantes, de los cuales dos son del PJ y uno de la oposición. O sea que quedarán libres las ocho butacas. Con una Cámara alta a favor, casi que se descuenta que Juntos pediría la mitad de ellos, tal como se estila desde hace años. Un uso y costumbre al que se venía oponiendo el kicillofismo.

Pero hay más. En diciembre vence el mandato del Defensor del Pueblo provincial, una estructura que requiere el acuerdo conjunto de ambas cámaras. Durante el vidalismo, se nombró a Guido Lorenzino como titular, por el PJ tradicional, y a los adjuntos Walter Martello, por el massismo (que entonces era un opositor aliado a María Eugenia Vidal); a Marcelo Honores por el radicalismo y a Eduardo Ancona por el kirchnerismo puro. Una posibilidad es que la ahora oposición quiera el cargo principal.

Como sea, todo esto sería parte de una gran negociación global – se reitera: no estaba hasta ahora en el ADN de Axel ese mecanismo- que se daría a fin de año, cuando ya hayan cambiado las integraciones de las cámaras legislativas y se hayan elegido las nuevas autoridades de las mismas. Allí entraría, además, la cuestión del Presupuesto 2022, el endeudamiento para ese año, las leyes que fijarán aumentos impositivos y decenas de cargos que suelen repartirse entre oficialismo y oposición y que hace dos años están vacantes. Como sillones en las empresas del Estado provincial, en el holding del Grupo Bapro y en los organismos de control.