La primera magistrada designada en democracia

Elena Inés Highton de Nolasco fue la la primera mujer que ocupó un lugar en la Corte Suprema de Justicia durante un gobierno democrático. Y con su renuncia cierra una larga carrera judicial en el fuero Civil, además de quedar en el registro histórico como la primera jueza en ser designada en el máximo tribunal de justicia del país.

Católica, ideológicamente de centro, como gusta definirse, aunque bromea que está “a la derecha” de su amiga y ex colega en la Corte, la fallecida Carmen Argibay, Highton de Nolasco se graduó con honores como abogada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1966 e ingresó en la justicia en 1973, como defensora oficial de Incapaces y Ausentes.

La recomendación para el cargo, que ocupó hasta 1979, fue hecha por el escritor y dirigente peronista Arturo Jauretche, tío de su marido, Alberto Nolasco.

En la década del ochenta logró el cargo de jueza en lo Civil y Comercial y en 1994 fue ascendida a camarista del fuero.

Autora de más de 30 libros, entre los que están “Justicia en cambio” y “La función notarial en la comunidad globalizada”, también tiene una larga carrera docente desde 1984, cuando fue nombrada titular de la cátedra de Derechos Reales de la Universidad de Buenos Aires.

También desarrolló el área de mediación y la solución alternativa de los conflictos judiciales, dentro de su carrera como abogada y magistrada pero también desde la Fundación Libra, especializada en la enseñanza de esos recursos para resolver litigios.

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En la Escuela de Derecho de Harvard se especializó en la relación entre derecho y la economía y a su regreso amplió su formación en esta área con cursos en la Universidad Torcuato Di Tella.

Highton de Nolasco se desempeñaba hasta la semana pasada como vicepresidenta del máximo tribunal, para el que fue elegida el 28 de junio de 2004 por el entonces presidente Néstor Kirchner.

Entre sus votos hay uno muy polémico: el que en 2018 concedió el 2x1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, cuya aplicación luego se prohibió por una ley del Congreso.

La jueza había superado los 75 años, el límite de edad que fija la Constitución de 1994 para seguir en el cargo, pero tras la presentación de un recurso de amparo durante la gestión de Mauricio Macri pudo continuar ejerciendo su cargo.

La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, creada de 2006 para facilitar el acceso a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad afectadas por hechos de violencia doméstica, estaba a su cargo, así como también la Oficina de la Mujer, que quedó bajo su órbita tras la muerte de la jueza Argibay.