Fiesta en Olivos: revés judicial para el Presidente

El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, consideró ayer que hubo delito en la denominada Fiesta de Olivos para celebrar -en julio del año pasado- el cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yáñez y a la que, entre una decena de invitados, asistió el presidente, Alberto Fernández. Todo mientras el país se sometía a una cuarentena estricta decretada por el propio mandatario para frenar el avance de la pandemia de coronavirus. Las fotos de ese festín se viralizaron en agosto pasado y desataron un escándalo que escaló hasta la Justicia.

En el marco de esa causa, Fernández había interpuesto un planteo de atipicidad, argumentando la inexistencia de delito porque “no se ha seguido, ni ha resultado ninguna consecuencia lesiva y, por tanto, no existen ‘víctimas’” por la violación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por él mismo firmado. Por eso, pidió la extinción de la acción penal y reclamó su sobreseimiento.

El fiscal Domínguez rechazó esa defensa y, en cambio, consideró en su dictamen que “la excepción por falta de acción fundada en la ausencia de delito sólo es viable cuando surge en forma manifiesta la falta de adecuación típica del hecho incriminado”. Advirtió además que “los hechos investigados de modo alguno pueden tildarse de palmaria y/o de evidentemente atípicos”.

El fiscal también le recordó al Presidente que las reuniones sociales estaban vedadas durante el festejo de la Primera Dama en Olivos, mas allá de las intenciones de los invitados. “No niegan la tipicidad de las conductas pesquisadas las alegaciones destinadas a afirmar que el evento del 14/07/20 no tuvo como objeto ‘ni propagar la pandemia ni muchos menos poner en peligro la salud pública en general’. En tal sentido debe señalarse que la ausencia de tales intenciones o finalidades no desaparece “ex ante” el peligro de lesión para el bien jurídico tutelado”, sostuvo Domínguez en el expediente sobre el que ahora deberá resolver el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.

La interpretación del fiscal va en línea con lo que entiende buena parte de la Justicia: que el Presidente violó los decretos que él mismo rubricó al establecer la cuarentena y dispuso que aquellos que no cumplieran con la prohibición de circular serían investigados por atentar contra el artículo 205 del Código Penal. Allí se señala que “será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

Una vez resuelto el planteo de atipicidad, la Justicia deberá decidir sobre las reparaciones económicas que ofrecieron los imputados. Fernández, por ejemplo, propuso donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. También Carolina Marafioti, estilista de Yáñez, se mostró dispuesta a hacer una conciliación similar.

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El expediente que tiene entre sus principales acusados al Presidente pasó a San Isidro a comienzos de septiembre, cuando el juez Sebastián Casanello se declaró incompetente y las partes decidieron no apelar. Desde entonces, la investigación avanzó muy poco por la disputa de competencia entre Mirabelli y Arroyo Salgado, aunque se acumularon decenas de medidas de prueba. Como que cinco de los invitados a la fiesta no tenían permiso para circular. Y que al menos tres utilizaban un certificado sin validez legal.