Reflexiones en el Bicentenario del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires

Un 24 de diciembre, hace 200 años, se inició el camino de la justicia provincial, con el dictado de la ley 536 bajo la gobernación de Martín Rodríguez, que dispuso la creación de los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz. Fue el comienzo de un desafío permanente de todos y cada uno de los que tenemos la responsabilidad y el orgullo de pertenecer al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Claro que ni aquellos son los juzgados de hoy, ni los conflictos son los mismos, en una realidad que ha cambiado decididamente en todos estos años. Se administra justicia para casi el 40 por ciento de la población de nuestro país, con una diversidad y complejidad de causas infrecuente, y a pesar de severas limitaciones de recursos.

Hoy se impone el desafío de fortalecer un poder del Estado, independiente, moderno, que cuente con los recursos necesarios para cumplir acabadamente la manda constitucional de garantizar la tutela judicial efectiva de sus derechos a cada habitante de la Provincia.

Por ello, si queremos efectivamente honrar a quienes nos precedieron, este hito no puede ser un mero ejercicio de memoria, sino un compromiso institucional para afrontar el futuro. Así lo hemos considerado desde la Suprema Corte, a través de la declaración alusiva a la conmemoración del bicentenario recientemente aprobada por Acuerdo N° 4046.

Allí se indica que una judicatura idónea requiere de permanente capacitación para legitimarse cuando decide sobre cuestiones complejas, como cuando resuelve causas de vecindad, de violencia familiar o hechos criminales como los que a diario aquejan a los bonaerenses. A la par, debe validar su desempeño como organización, optimizando en forma continua sus procesos de trabajo, con una gestión actualizada tecnológicamente, cada vez más transparente y eficaz.

En ese vasto campo de actividad, el Poder Judicial tiene que templar su función. Todos los días, sin estridencias, con austeridad y profesionalismo, al decidir miles de causas, está en condiciones de afirmar su credibilidad a partir de la corrección jurídica de sus pronunciamientos, con respuestas que reflejen un obrar imparcial, a resguardo de influencias, intereses y presiones. De esa forma realza la fiabilidad de su desempeño y valoriza su rol institucional, porque es portavoz de la ley y el derecho.

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Por cierto, el sistema judicial exhibe asignaturas pendientes, coyunturas complejas y deficiencias por superar. El diálogo, el acuerdo institucional y la propuesta constructiva definen el método que el tribunal ha propuesto y practicado para superar estos problemas.

En ese orden, y con la premisa de continuar por ese camino, se insta a revertir el cuadro de emergencia por la cantidad de vacantes de magistrados; la necesidad de contar con nuevos órganos en los fueros que experimentan un crecimiento significativo de litigiosidad; y por los requerimientos en materia de infraestructura edilicia.

Desde otra perspectiva, se propicia actualizar la legislación procesal recogiendo la experiencia que la Corte ha acumulado en términos de gestión digital, potenciada durante la pandemia; modernizar la selección de titulares de órganos judiciales y su capacitación, y concretar la propuesta de autarquía económica financiera y autonomía presupuestaria que, junto con el régimen de paritarias, desde hace ocho años viene planteando el Tribunal.

Las reflexiones expuestas dan cuenta de líneas generales sobre el diseño de los programas de gestión judicial de aquí en adelante, pero que deben ser ampliadas y profundizadas. Con tal propósito, en el año que se avecina se formulará una amplia convocatoria, para debatir y proponer alternativas de mejora al sistema de justicia. Como se concluye en la declaración hasta aquí reseñada, acaso sea una buena manera de conmemorar el bicentenario.

* Presidente de la Suprema Corte de Justicia

“Este hito no puede ser un mero ejercicio de memoria, sino un compromiso institucional para afrontar el futuro”