Argentina podría superar los dos millones de niños, niñas y adolescentes en el año 2030 con elevados índices de masa corporal, según las proyecciones de Unicef.  Así lo advirtió el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello. El covid-19 agravó la situación.

El Defensor del Pueblo Adjunto valoró que esta semana se haya retomado la discusión en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación para darle sanción definitiva al proyecto que establece el etiquetado frontal de alimentos en la Argentina. “Es un sistema que ha tenido excelentes resultados, en distintos países, en lo que hace a la prevención de la obesidad infantil”, explicó Martello. 

Asimismo, una de las situaciones más urgentes a resolver es intentar reducir la brecha del costo económico que representa seguir una mínima dieta saludable respecto a los alimentos no nutritivos o con excesivas calorías. Concretamente, en nuestro país, cada persona tiene que pagar cinco veces más -0,7 dólares vs 3,7 dólares- para poder acceder a una alimentación sana y nutritiva, según lo informado a fines de 2020 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Este estudio abarcó a casi todas los países de América Latina y el Caribe.

“El derecho a la alimentación es reconocido como un derecho humano en diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional. Se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño/a, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla. Por eso no debe interpretarse en forma estrecha o restrictiva asimilándolo sólo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos”, explicó Martello.

El Defensor del Pueblo Adjunto consideró que resulta clave que se efectivicen políticas públicas en los tres niveles del Estado -nacional, provincial y municipal- que intensifiquen la promoción de hábitos saludables. A su vez, se deben tener presente los nuevos lineamientos trazados a fines de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) vinculados a la actividad física y a la prevención del sedentarismo.

Estas nuevas directrices –plasmadas en una cartilla elaborada por el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría- establecen que los y las NNyA de entre 5 y 17 años deben realizar al menos 60 minutos al día de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, a lo largo de la semana.

La pandemia del covid-19 impactó negativamente, a escala global, en los problemas de nutrición infantil. Esto no solo se tradujo en sobrepeso, sino también en emaciación: peso inferior al que corresponde a la estatura. En rigor, la situación nutricional de la infancia en nuestro país se había agravado considerablemente durante el período 2015-2019, a punto tal que nuestro país se encuentra entre las cinco naciones de América Latina con mayor tasa de obesidad de niños y niñas menores de 5 años de edad, después de Paraguay, Barbados, Bolivia y Trinidad y Tobago.

Teniendo m cuenta el ciclo lectivo 2021, el Defensor del Pueblo Adjunto resaltó la necesidad de tener presente la Ley 14.556. Esta norma, sancionada hace seis años, establece una estrategia integral de educación para la salud, la cual resulta aplicable en el sistema educativo en todos sus ámbitos, niveles y modalidades, de gestión estatal y de gestión privada.