La abogacía en jaque, a un año de la pandemia

Las deficiencias del sistema judicial desde el comienzo de la pandemia allá por marzo del año pasado, concretamente nos ponen en jaque al momento de ejercer nuestra profesión, de trabajar. Así, salvo contadas excepciones de algunos magistrados/as y funcionarios/as, quienes con denodado esfuerzo y compromiso intentan estar a la altura de las circunstancias, pero que también se encuentra con problemáticas que son de carácter superestructural y que, en definitiva, deben ser trabajadas y resueltas desde las más altas esferas del Poder Judicial, el panorama general del servicio de justicia en la Provincia de Buenos Aires es más que preocupante.

Los letrados debemos tolerar la existencia de criterios disímiles por parte de los organismos encargados de su aplicación, respecto a las propias resoluciones y acordadas emitidas por la Suprema Corte de justicia provincial. Lo expuesto nos obliga a conocer los criterios no ya jurídicos sino informáticos del Juzgado o Tribunal, pero que tampoco nos exime de encontrarnos con el secretario de un Juzgado sin juez titular designado, que desconoce la modalidad para efectivizar algo tan simple e importante como es un traslado de demanda.

Ello ocurre porque existe un desgobierno interno y falta de comunicación entre las distintas reparticiones (como las oficinas de mandamientos y notificaciones) y los organismos en cuestión, o entre estos mismos. Así, se llega al punto donde el efectivo diligenciamiento de cédulas y oficios debe ser “prediligenciado” por cada letrado quien debe concurrir a la Oficina a “suplicar” que hagan lo que deben hacer o volver a remitir la cédula/oficio/escrito, pero esta vez conforme el “criterio de la oficina”.

Además, en una carrera de obstáculos los letrados debemos lidiar con un sistema informático paupérrimo que deja de funcionar a cada rato, bloqueándonos tener acceso a nuestros expedientes o impidiéndonos realizar presentaciones electrónicas de manera eficaz cuando incluso tenemos vencimientos de términos fatales.

Y esto es así, porque quienes se encuentran en las más altas esferas del Poder Judicial provincial no salen de su letargo para darse cuenta del deficiente funcionamiento del servicio de justicia. Ya no es posible escudarse en la complejidad de la nueva normalidad, y tienen los recursos y el personal para estar a la altura de las circunstancias en comparación con el resto de los sectores que integran el sistema.

Pero, cómo no darnos cuenta de la parálisis en que nos encontramos, sí hasta tenemos señales inequívocas, como por ejemplo, mantener cerradas las puertas de la calle 14 del Palacio de Justicia. Lo simbólico también juega. El establecimiento de un sistema de turnos previos aunque no exista un alma en los pasillos de tribunales, es otra piedra más en el zapato, otro valladar que atenta contra la inmediatez, los plazos y la urgencia que nuestra labor exige.

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Acostumbrarnos a esperar la efectivización de transferencias bancarias ordenadas por un Tribunal hasta cinco semanas, con la consiguiente desvalorización de los importes de los justiciables y de nuestros honorarios como si fuese algo normal, es una muestra cabal de la pauperización de nuestra profesión. Ni que hablar de tener que tolerar que a la fecha no se haya vuelto a poner en funcionamiento la sucursal del Banco Provincia de Tribunales sita en 13 y 48 -que se vio afectada por un incendio- y que para ser justos, jamás tuvo la prestación de un servicio dentro de cánones normales de eficiencia.

Y como si fuese poco, en todo este sistema disfuncional y atrofiante, nos vemos obligados a tener que solicitar -como si de un favor se tratara- que cada Juzgado, oficina o repartición haga lo que tiene que hacer en tiempo y forma… en ese nivel de indignidad se encuentra nuestra profesión. Nada más alejado a lo que se establece en la credencial de abogados que portamos: “En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele (arts. 56 ley 5177 y 58 C.P.C.C)”

El Colegio de Abogados Departamental no ha sabido, no ha querido o no ha podido defender y generar cambios concretos para la reactivación del ejercicio y defensa de nuestra profesión, viéndose claramente superado por el particular contexto, y quedando así los abogados en la más completa soledad.

Pero no confundamos la incapacidad o imposibilidad de quienes dirigen el Colegio Departamental con quienes son los responsables como cabeza del Poder Judicial, pero que están más preocupados en lograr la autarquía financiera que en resolver el funcionamiento correcto de las cuestiones más elementales del servicio de justicia.

Sin perjuicio de ello, justo es aclarar que la actitud de los cortesanos dista de la de muchos magistrados/as y funcionarios/as cuyo compromiso es tal que llegan a gestionar su inclusión como “esenciales” para -previa vacunación- retornar a una mayor presencialidad. En dicho lineamiento también sería plausible que quienes defendemos derechos esenciales también podamos ser considerados esenciales.

En definitiva, los abogados y abogadas hemos llegado a un punto de inflexión en el que es imprescindible que nos hagamos escuchar y respetar, que analicemos si estamos bien representados, que hagamos entender que, como parte esencial del trípode que da andamiaje al servicio de justicia (justiciable-abogado-juez) y responsabilidad que nos cabe por lo tanto, no somos los únicos perjudicados. Que una sociedad sin justicia es una sociedad sin futuro.

* Abogado. Exconsejero del CALP. Integrante de Compromiso Profesional