Sucesivos y coincidentes diagnósticos científicos vienen confirmando en las últimas décadas los altos niveles de degradación ambiental que afectan a los arroyos de la Región -causada no sólo por la acumulación en sus lechos de todo tipo de residuos orgánicos sino por el vertido de sustancias inorgánicas contaminantes- y que se traducen en efectos nocivos para la calidad de vida de miles de habitantes. Inexplicablemente, se ha permitido que muchas personas, físicas o jurídicas, infrinjan leyes que regulan esta materia y que cometan delitos previstos en el Código Penal, sin que sean sancionados por la Justicia.

Tal como se publicó en la edición de ayer, la simple observación surgida de una recorrida realizada por cronistas de este diario con expertos en el tema permitió comprobar la presencia en varias zonas ribereñas –cercanías del club de Regatas, desembocadura del arroyo El Gato y en Río Santiago- de todo tipo de desechos: bolsas de residuos; autopartes de vehículos; pañales; trapos; zapatos; esqueletos de heladeras y cocinas; restos de sustancias cloacales; y manchas de aceites y grasas producto de vuelcos industriales. “Se usan como un gran vertedero”, subrayó el abogado que impulsa acciones ante el juzgado Federal Nº 4, en una demanda por “daño ambiental”.

Tanto el letrado como otros profesionales pusieron de relieve que en el recorrido del arroyo El Gato, el caudal de agua pierde niveles de oxígeno como resultado de su grado de contaminación. Hace más de dos décadas se habían publicado en este diario artículos similares, acerca de la falta total de oxígeno como consecuencia del exceso de contaminación y la falta de vida en ese curso de agua.

Además de los múltiples vertidos clandestinos que recibe, incide en este panorama una la sumatoria que implica la falta de políticas fiscalizadoras por parte de los organismos ambientales y, aquí, los especialistas apuntaron al OPDS y a la Autoridad del Agua. Aunque, como se ha dicho, la responsabilidad inicial obedece a las transgresiones que cometen varias industrias, vecinos y otras instituciones que usan a los arroyos de la Región como vaciaderos. Medidas como la colocación de barreras de contención de residuos sólidos y la habilitación de plantas de tratamiento de vertidos cloacales fueron mencionadas.

Problemas semejantes atraviesa el arroyo Rodríguez que corre desde más allá de Gorina hasta el Río de La Plata. De este curso de agua sigue desprendiéndose en estos días un olor nauseabundo y penetrante, a pesar de que en las últimas semanas se adoptaron algunas medidas destinadas a mitigar esa contaminación. “Estamos igual que siempre. Los domingos y los lunes, al bajar la actividad industrial, hay menos olor, pero el resto de los días sigue siendo insoportable, sobre todo por la noche”, precisó una de las vecinas afectadas que vive en el barrio Nirvana de City Bell.

Sabido es que existen no pocos lugares que han sido declarados zona protegida, sea por el valioso arbolado o por otras bondades naturales que valorizan a esos sectores. Inclusive en esos parajes se han conformado núcleos vecinales que se encargan de preservar a esos verdaderos paseos, constituidos en motivos de atracción para muchos visitantes.

Sin embargo, el Estado se ha venido desentiendo de una manera inexplicable y no ha ejercido una política de fiscalización sobre los arroyos, que sea tan continua como eficaz. No debiera demorarse más en impulsar acciones que, por otra parte, no resultan ser demasiado complejas: se trata de identificar a quienes contaminan a los arroyos y obligarlos, mediante las leyes que así lo establece, a que dejen de hacerlo. El Código Penal prevé severas sanciones para el que evenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.