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La Procuración General de la Nación dictaminó que el máximo tribunal tiene competencia sobre este tema
La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema es competente para intervenir en el amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires para que habilite la continuidad de las clases presenciales en el distrito, que fueron suspendidas como parte de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para contener la propagación de casos de coronavirus.
La procuradora ante la Corte Suprema, Laura Monti, sostuvo que “la Ciudad tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Añadió que existe el “derecho al fuero federal según lo dispuesto por el art. 116 de la Constitución Nacional”.
“Entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia”, y cita en ese sentido una cuestión planteada por Formosa ante la Corte en 2018.
“En consecuencia, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”, finaliza el escrito de la procuradora Monti.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires interpuso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de inconstitucionalidad contra lo dispuesto por el Decreto 241/2021 en relación a la presencialidad de las clases, suspendidas desde el lunes próximo y por un plazo de 15 días en el AMBA.
La cautelar es contra el artículo 2 del decreto, publicado en el Boletín Oficial, y pide al máximo tribunal que se le ordene al Estado Nacional que “se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el decreto cuestionado”.
En su presentación, el Gobierno porteño sostiene que el decreto “viola la autonomía de la Ciudad” e “implica una virtual intervención federal, porque se arroga potestades sobre competencias locales, en salud y educación”.
La presentación fue realizada minutos antes de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, llegara a la residencia de Olivos para mantener una reunión de trabajo con el presidente Alberto Fernández, a propósito de esta decisión, adoptada entre las medidas resueltas para mitigar el exponencial crecimiento de casos de coronavirus en el marco de la segunda ola de la enfermedad.
Se trata de una “acción declarativa de inconstitucionalidad” presentada ante el máximo tribunal por el abogado Diego Farjat, en representación del Gobierno porteño y donde el demandado es el Estado nacional.
En la argumentación de la presentación, se indica que la medida “no es razonable” ya que “la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional”.
“Por el contrario, está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo”, fundamenta el Gobierno de la Ciudad en la presentación ante la Corte.
También manifiestan que lo dispuesto por la Casa Rosada “constituye una clara violación al principio de igualdad, porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021”.
En el escrito se puso énfasis, además, en que “la normativa cuestionada vulnera tratados internacionales de jerarquía constitucional (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 75, inc. 22 CN), que consagra el derecho del niño a la educación, como un derecho progresivo que debe ejercerse en condiciones de igualdad.
Junto con la acción del gobierno porteño se presentó ayer otra demanda. La iniciaron un grupo de padres con hijos que van a escuelas de CABA. La defensora oficial María Lorenz González Castro Feijóo y la asesora tutelar Norma Beatriz Sas hicieron un amparo en la Justicia en lo contencioso administrativo de la ciudad en la que pidieron una medida cautelar en la que “se declare la suspensión de los efectos del DNU 241/2021.
Rodríguez Larreta reiteró que continuará trabajando durante el fin de semana para que lo chicos estén el lunes en las aulas. En ese marco, adelantó que le enviará información y documentación científica al presidente Alberto Fernández para que revea su decisión.
Fernández y Rodríguez Larreta se reunieron ayer por la mañana en la Quinta de Olivos. El Presidente apuntó contra el mandatario porteño en una conferencia de prensa posterior.
El jefe de Gobierno contestó desde el Ministerio de Educación ubicado en el Barrio 31, escoltado por el vicejefe Diego Santilli; la titular del área, Soledad Acuña; y el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.
“Esta pandemia hay que gestionarla con evidencia y con datos, por eso quiero detenerme en dos comentarios que el Presidente hizo en su conferencia de prensa, con datos que son inexactos. El primero tiene que ver con las vacunas. Yo repito lo que dije: estamos viviendo esta situación porque el Gobierno nacional no cumplió con las vacunas que prometió”.
Respecto a las medidas establecidas por el gobierno nacional, y tras el encuentro que mantuvo con el mandatario, Rodríguez Larreta remarcó: “El presidente se comprometió a que esta decisión de que no haya clases presenciales es solo por 15 días”.
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Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que deberán intervenir en el conflicto por las clases/web
Rodríguez Larreta
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