El fiscal Julio César Castro, con condena sin confirmar a seis años y seis meses de prisión por abuso sexual y lesiones agravadas, fue removido de su cargo por mal desempeño de su cargo y mala conducta, "caracterizados por su ensañamiento contra las mujeres".

La decisión la tomó el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal (MPF), que consideró probados "numerosos hechos de suma gravedad".

El “jury” también tuvo por acreditado que Castro, exjefe de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales, incurrió en “maltrato laboral” y en “comportamientos inadecuados” y hechos de “violencia de género” dentro y fuera de su ámbito como representante del MPF ante tribunales orales en lo criminal.

La sentencia, dada a conocer en una audiencia virtual, destacó la “cuantía y gravedad” de los hechos atribuidos a Castro “y la cantidad de tiempo en que los llevó a cabo”.

La defensa se había quejado porque se le imputaban episodios ocurridos hace un cuarto de siglo, a la vez que negó tener responsabilidad alguna.

El jurado, en cambio, evaluó que Castro, quien por estos hechos fue condenado en noviembre de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal 8 a seis años y seis meses de prisión (cuya apelación debe resolver la Cámara Nacional de Casación Penal), no mostró arrepentimiento ni presentó sus disculpas a las víctimas.

La acusación había calificado a los hechos como “incompatibles” con la función de un magistrado y “deleznable que “los haya cometidos quien tiene la defensa de la legalidad”.

“No basta con contracción al trabajo, sino una conducta ejemplar en todos sus actos”, remarcó el jurado presidido por Adriana Donato (representante de abogados de esta capital), e integrado por César Grau (del Senado de la Nación), Juan Carlos Paulucci y Alejandra Obregón (por el MPF), Francisco Panero (Federación Argentina de Colegios de Abogados), Laura Giosa (Consejo Interuniversitario Nacional) y Héctor Recalde (Poder Ejecutivo Nacional).

En noviembre de 2019, además, Castro fue condenado a 6 años y medio por abusar de su expareja, pero apeló la sentencia y se encuentra en Casación.

Antes de ese juicio penal, en 2017, cuando se conocieron las primeras acusaciones en su contra, el ahora exfiscal pidió una licencia psiquiátrica, que le fue otorgada, y siguió cobrando su sueldo.

Las primeras denuncias aparecieron en diciembre de 2016 cuando el Senado de la Nación evaluaba el pliego de Castro para ser designado juez.

En ese momento se presentaron dos impugnaciones: una por la denuncia de acoso laboral y sexual, y otra por una conversación indecorosa en la red social Twitter que el fiscal había mantenido con una adolescente menor de edad.