Proceso y embargo por $300.000 a imputados por una fiesta clandestina en La Plata

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak procesó ayer y dictó un embargo por 300.000 pesos, a cuatro imputados de haber organizado una fiesta clandestina en nuestra ciudad, a la que asistieron cerca de 500 personas, a fines del año pasado.

En tal sentido, voceros judiciales indicaron que el hecho investigado ocurrió el primero de noviembre de 2020, en un predio calle 32 y 226 de nuestra ciudad, en el que residía uno de los procesados, Julián Franco Cardozo (vea: https://www.eldia.com/nota/2020-11-1-10-20-0-abasto-desarticulan-fiesta-clandestina-por-halloween-con-mas-de-500-personas-la-ciudad).

Allí se llevó a cabo una fiesta de la que participó “una gran cantidad de gente", que accedió previa compra de las entradas que se ofrecían en las redes sociales,  en la que hubo venta de bebidas alcohólicas", todo sin la debida autorización y en violación de las normas dictadas por el gobierno nacional, a raíz de la pandemia del Covid 19, señalaron las fuentes consultadas. También se informó que en el lugar se habían montado barras para expendio de bebidas, baños químicos, equipos de música, luces para pistas de baile, con seguridad en la puerta.

Uno de los funcionarios de la comuna platense que fue testigo de la causa explicó ante el juez que al realizar el procedimiento en el lugar “vimos la magnitud del evento, y por la cantidad de gente y riesgo epidemiológico que implicaba, decidimos desalojar, a la vez que  identificamos al dueño del inmueble y a las personas que organizaban la fiesta. También dijo que "luego procedimos al decomiso de la bebida alcohólica, pero como había tanta cantidad le dimos intervención al REBA de la Provincia de Buenos Aires".  

En resolución judicial, además del procesamiento del dueño de la finca,  Cardozo , se dispuso el de los presuntos organizadores: Rodolfo Ramón Choque,  Ariel Elvio Guevara y Cristian Emanuel Arenas. 

A los cuatro, el juez le imputó el delito previsto y reprimido en el art. 205 del Código Penal, que reprime "con prisión de seis meses a dos años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

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