En buena hora el gobierno nacional dio marcha atrás con el proyecto de reformar el cobro del Monotributo, en una situación que generaba una deuda retroactiva para cuatro millones de contribuyentes.

La medida se adoptó luego de la explicable preocupación generalizada que de quienes se encuentran alcanzados por ese régimen, por los recargos que debían pagar y que, ahora, quedaron sin efecto.

De todos modos, esa es tan sólo una de las modificaciones que debiera alcanzar al sistema impositivo nacional, que agobia a todos los contribuyentes y a la economía del país por la gravosa presión fiscal existente.

Como se informó, en cuanto al Monotributo ahora la decisión oficial pasaría, en cambio, por un llamado “alivio fiscal” para los inscriptos en ese régimen, al dejar sin efecto el cobro retroactivo de las cuotas de los primeros meses del año y establecer una actualización de las escalas a partir de julio que, en los hechos, eleva del 35 al 77 por ciento el incremento del tope de Ingresos Brutos que determina sus límites.

El detalle de las modificaciones surgió del encuentro que anteayer mantuvieron el presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, luego de la preocupación generalizada de los beneficiarios del régimen, con recargos que con estos cambios, quedarán sin efecto. Fuentes parlamentarias confiaron que la iniciativa sería aprobada pronto, ante la coincidencia de los diferentes bloques legislativos en el espíritu de la iniciativa.

Al respecto, se dejó en claro que sólo podrán acceder al “alivio fiscal” aquellos monotributistas con ingresos totales de no más de 5,5 millones de pesos anuales, equivalentes a una vez y media la máxima categoría del régimen, “para no favorecer a contribuyentes con ingresos y patrimonios importantes que ‘abusan’ del régimen simplificado y se ‘ocultan’ en el Monotributo”, se indicó.

Justamente, si se habla de economía oculta o informal debe ponerse en claro que la misma no sólo se presenta con la venta ambulante, ya que existe también un alto porcentaje informal o “en negro” en la economía argentina en la que se concretan muchas operaciones evadiéndose el pago de impuestos, lo que se traduce en una baja ostensible de la recaudación y en el hecho de que son cada vez menos los contribuyentes en el país -hoy estimados en 9 millones- que cumplen con las obligaciones tributarias y que, por consiguiente, mantienen los cada día más elevados gastos del Estado.

Mediante modificaciones inteligentes y viables, el Estado argentino estaría en condiciones de reducir en forma significativa la incidencia negativa de la economía en negro, aunque en esa reforma integral debiera ser prioritaria la reducción de sus propios gastos.

Se ha dicho con razón que el Estado crece sin parar, incurriendo en gastos descontrolados, a costas de un sector privado cada día más empequeñecido y debilitado.

Sobre la base de ordenar las cuentas propias y achicar el gigantesco déficit fiscal que obliga a reiteradas emisiones inflacionarias, puede montarse un sistema tributario ágil, rentable y equitativo con todos los sectores, en decisiones que sirvan para el despegue de la actividad económica productiva, necesitada hoy, como nunca antes, de estímulos, de seguridad jurídica y de racionalidad en el manejo de los recursos públicos.