BOGOTÁ

A un año de entregar el poder y con una impopularidad del 76 por ciento, el presidente colombiano Iván Duque enfrenta un inédito movimiento de protestas en su contra desde 2019 que se manifiesta en las calles desde entonces con intervalos de tiempo.

Durante la jornada de movilizaciones del martes, la policía detuvo a 70 personas por disturbios y choques con la fuerza pública que se presentaron en Bogotá, Medellín y Cali, principales ciudades del país.

Los detenidos deberán responder por los delitos de obstrucción en vía pública, daño en bien ajeno, lanzamiento de objetos y sustancias peligrosas, y tenencia de armas de fuego. Las autoridades denuncian infiltración de grupos armados en la protesta.

Aunque las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas, la Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos, consignó por su parte más de 100 heridos, entre civiles y agentes de la fuerza pública.

La jornada marcó el regreso de las protestas masivas tras ser suspendidas hace un mes por el frente más visible de los manifestantes en pleno tercer pico de la pandemia.

Miles respondieron al llamado del Comité Nacional del Paro el día en que el gobierno radicó en el Congreso una nueva propuesta de reforma tributaria para enfrentar la crisis económica tras 16 meses de emergencia sanitaria por el COVID-19.

Ante el inminente regreso de las movilizaciones, el gobierno se enfocó en capturar a integrantes de la llamada primera línea de protesta, sospechosos de planear ataques contra la fuerza pública.

REFORMA POLICIAL

En tanto, el gobierno de Duque presentó ayer al Congreso una propuesta para reformar la policía, cuestionada por excesos en la represión de las masivas protestas contra el mandatario que dejan más de 60 muertos en los últimos tres meses.

Sin ceder a la presión de los manifestantes, que exigen que la policía salga de la tutela del Ministerio de Defensa para convertirse en un cuerpo civil, el gobierno radicó una iniciativa que contempla sanciones para los policías “que no se identifiquen plenamente” o impidan grabar sus acciones.

“La Policía Nacional debe ser parte del Ministerio de Defensa por las condiciones de amenaza y violencia que aún tiene Colombia”, dijo el titular de la cartera, Diego Molano, al presentar los proyectos de ley sobre la reforma. La institución “tiene funciones de lucha contra el narcotráfico y el contrabando, de seguridad ciudadana, y eso requiere una mayor coordinación con las fuerzas militares”, agregó.

A fines de abril, cientos de miles de personas salieron a las calles a protestar contra una suba de impuestos promovida por el gobierno y desechada ante la presión popular. La represión de las manifestaciones avivó el malestar social y dio lugar a un movimiento de rechazo a la gestión de Duque durante la pandemia, que elevó la pobreza del 37 al 42 por ciento de la población.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país en mayo y denunció la respuesta “desproporcionada” y “letal” de la fuerza pública. Así, recomendó separar a la policía de la cartera de Defensa por “la persistencia de lógicas del conflicto armado en la interpretación y respuesta a la actual movilización social”. El gobierno reconoce los abusos pero niega que sean sistemáticos. (AFP)