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Se recalientan los discursos de los referentes del Gobierno y la oposición. El cruce de “fotos” por las violaciones a la cuarentena. Las diferencias en “Todos” por la gestión económica y las forzadas muestras “de unidad” que decantó el escándalo de Olivos
Juntos en La Plata, Alberto Fernández y Cristina Kirchner/Télam
Emiliano Russo
efrusso@eldia.com
A tres semanas de las elecciones primarias, el oficialismo y la principal fuerza de oposición, “Juntos”, juegan a polarizar el discurso, a revolear acusaciones por quién violó más la cuarentena durante 2020 –con la salvedad, que el incumplimiento de un Presidente de su propio DNU, resultaría más gravoso- y hacen difícil pensar en un acuerdo político hacia fin de año que encamine la renegociación de la deuda con el FMI y la realización de reformas que permitan salir al país de años de estancamiento.
Es que analistas de distintas vertientes consideran que, tras los comicios, el Gobierno buscará lograr un entendimiento entre las distintas fuerzas políticas que facilite la refinanciación de la deuda con el organismo multilateral para, así, extender los plazos y reducir las tasas de interés.
Tras el escándalo por el festejo clandestino de Fabiola Yáñez en Olivos, el oficialismo decidió abroquelarse y ofrecer distintas muestras de unidad. Fue así que Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartieron escenario durante martes y miércoles donde intentaron mostrar que en los próximos comicios se enfrentarán dos modelos de país. Uno de desarrollo y producción y otro, según el libreto oficialista, materializado en Juntos”, de “timba financiera y endeudamiento”.
Son por esas constantes acusaciones que la oposición se muestra incómoda cuando se habla de acordar con el Gobierno del que se sienten víctimas de agresiones verbales.
Con todo, hubo diferencias en el tono entre ambas figuras. Si para la expresidenta la gestión de Todos es como un “partido de fútbol que no empezó” al justificar la frustrada recuperación económica a causa de la pandemia, Fernández se encargó de enumerar planes de gobierno para intentar asistir “a los que menos tienen” y también a los asalariados como lo fue el “ATP” con el que se pagaba la mitad de los sueldos de los empleados en relación de dependencia durante el confinamiento estricto.
La sorpresiva convocatoria del viernes a la primera reunión de gabinete también expuso esa estrategia, en la que el Presidente reconoció la gestión de sus ministros, muchos de los cuales hoy son cuestionados por el kirchnerismo.
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Ayer fue el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el que salió a despegarse del discurso cristinista de que la recuperación del consumo y el bienestar económico dependerán de “varios períodos de gobierno”. En este sentido, el ministro coordinador remarcó que “la reactivación ya es un hecho. Todavía falta que le llegue a todos pero cuando vemos que hay más de 23 mil puestos nuevos en la industria manufacturera, cuando la utilización de la capacidad instalada ya está en un 64 por ciento y que eso no pasaba desde 2018, es un dato alentador”.
La defensa de la gestión económica por parte del oficialismo supone, con todo, un desafío. El Indec acaba de informar que una familia de cuatro integrantes necesitó $67.576,66 para superar el umbral de pobreza en julio, lo que representa una suba del 51,8 por ciento interanual.
Aunque en Casa Rosada hayan aventurado hace meses que se venía un incremento en la protesta social porque “la izquierda hace campaña en la calle”, las imágenes de las multitudinarias movilizaciones que protagonizaron agrupaciones sociales en la semana visibilizaron, además de los mecanismos clientelares filmados en vivo por la TV, la emergencia que afecta a una población vulnerable.
La nueva conducción de “Juanchi” Zabaleta en Desarrollo Social amagó con recibir a los referentes de la protesta pero hoy está en duda que les concedan una audiencia en la semana. Empero, las diferencias no son sólo con las organizaciones sociales opositoras.
El Movimiento Evita, con varias sillas en el Ejecutivo, mira al flamante ministro con desconfianza y sus principales referentes le exigen que al menos un 30 por ciento de la obra pública se destine a cooperativas para hacer cumplir la promesa de transformar planes sociales en trabajo genuino.
Con todo, las principales figuras del oficialismo intentaron mostrarse juntas en los sucesivos actos de campaña. Y, además, lanzar fuertes críticas a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y a los candidatos bonaerenses Diego Santilli y Facundo Manes.
Los postulantes de Juntos, en la Provincia también arremeten contra el oficialismo pero, vale decir, intercalando dardos entre sí. Desde el entorno del “Colorado” se hizo notar con malicia que no sólo él cruzó la General Paz para competir: filtraron la dirección donde el neurocirujano votará en la capital. Y desde la trinchera de este último chicanean al ex vicejefe de gobierno porteño porque no quiere debatir.
Los dirigentes del PRO se preparan para los eventuales debates televisivos suponiendo que en el oficialismo tratarán de contrarrestar con la gestión del expresidente Mauricio Macri. Según proponen algunos radicales, habría que responder que la cuestión es el futuro y que los errores del presidente Alberto Fernández ya generan perjuicios que serán sufridos por todos los argentinos en los próximos años. Pero que si se trata de discutir del pasado, estiman que los doce años del kirchnerismo, además de incrementar groseramente el déficit del Estado sin que se hubieran realizado las obras que justificaría los enormes gastos, hay cuestiones para analizar como el apoyo que la Vicepresidenta prestó a la privatización de YPF y que luego propuso su estatización. “La venta y su compra posterior de YPF fue -argumentan- un pésimo negocio. No hay explicación razonable de porque se vendió para después comprarla”.
El temor que existía en Juntos por las heridas que podrían producir la elección interna, se ha disipado. Creen que han logrado una amplia exposición publica de los candidatos a pesar de las ventajas operativas que puede contar el oficialismo. Dicen que del análisis de la repercusión de esa exposición pública entre los candidatos pudo concluirse que Juntos pareció más abarcativo y con capacidad para contener matices diferentes y de autocrítica.
Mientras, hoy gana la polarización entre las principales fuerzas que competirán en las elecciones intermedias. Desde la oposición siguen machacando con el festejo cumpleañero de la primera dama y alertan sobre otras violaciones a las restricciones del ASPO (aislamiento obligatorio), como el encuentro del 30 de diciembre en Olivos con unos 70 diputados. Pero hubo cruces de acusaciones y de fotos: en el gobierno le apuntan a Elisa Carrió por haber celebrado su onomástico, en su residencia de Capilla del Señor el 26 de diciembre pasado, con decenas de invitados.
En Casa Rosada intentan dejar atrás el episodio que, según la consultora Managment & Fit, causó que un 22% de los encuestados afirmara estar dispuesto a cambiar su voto al oficialismo a raíz del festejo clandestino. No está claro, con todo, que no aparezcan nuevas denuncias por encuentros prohibidos en la Residencia presidencial por las restricciones vigentes en ese entonces.
El gobierno está abocado a mostrar mejoras en la actividad y un sendero hacia la “reconstrucción” de la post pandemia. Por ello bendijo la normalización en las elecciones en los sindicatos, con mandatos extendidos desde el 2020. La más importante es la renovación de la conducción de la CGT que, tras una reunión de consejo directivo, se programó para el 11 de noviembre próximo. También los sindicatos, opacados por el despliegue territorial de los movimientos sociales, volverán a marchar el 18 de octubre “por el trabajo y la producción”. Un jefe sindical consultado no quiso arriesgar que la movilización sea en apoyo al Gobierno. “Salimos los trabajadores, después veremos qué comunicado armamos”, azuzó.
Hay gremios que están atentos a las próximas jugadas del Ejecutivo. El 14 de septiembre volverá al Estado la Hidrovía, la autopista fluvial sobre el río Paraná por la que el gobierno podría recaudar más de 300 millones de dólares al año en concepto de peajes. Aunque a la Casa Rosada le sirva la épica estatista para consolidar el voto propio, hay inquietud por la continuidad laboral de unos 800 trabajadores: este miércoles habrá audiencia en el ministerio de Trabajo y en caso de no obtener una respuesta satisfactoria a sus demandas, el gremio de Dragado y Balizamiento podría convocar a un nuevo paro de actividades.
Para Juan Carlos Schmid, referente de los portuarios, “no hay señales de un escenario claro. Las idas y vueltas relacionadas con esta definición hacen que los trabajadores de la empresa representados por nuestro sindicato sean sometidos a la falta de certezas sobre su relación laboral” al tiempo que resaltó que “todavía ninguna autoridad les ha manifestado cómo serán contratados en la nueva etapa, cómo se procede a su desvinculación y pago de las indemnizaciones de Ley”. Aunque cerca del ex triunviro cegetista no lo dan por sentado, podría darse un escenario similar al registrado con los trabajadores de Wal Mart que fueron indemnizados y vueltos a contratar cuando asumió Francisco de Narváez al frente de esa cadena de supermercados.
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