Otro round en la Corte por las jubilaciones del Bapro

La Suprema Corte bonaerense convocó ayer a legisladores, sindicalistas y funcionarios, en un intento por destrabar un conflicto de larga data que tiene que ver con la reforma al sistema jubilatorio del Banco Provincia. El debate está frenado en la Legislatura y el alto tribunal tienen en sus manos una demanda de inconstitucionalidad contra los cambios a esa normativa presentada por la Asociación Bancaria.

La historia del caso se remonta a 2017, cuando la entonces gestión de María Eugenia Vidal propuso reformar la ley jubilatoria del Bapro con el argumento de reducir el déficit de la Caja que hacia fin de año rondaría los 20 mil millones de pesos. Así, no sólo modificó la edad jubilatoria para las mujeres que subió a los 65 años, sino que además, entre otros aspectos, cambió la fórmula para el cálculo de la jubilación, incluso para el personal ya retirado. Para definir el haber, pasó a utilizarse la fórmula nacional de Anses en lugar de tomar como parámetro el resultado de la paritaria bancaria.

Así, los jubilados vieron reducidos sus haberes. “Se afectaron derechos adquiridos”, dicen en la Bancaria, que promovió una demanda de inconstitucionalidad. En forma paralela, salieron favorables entre 4 y 5 mil amparos por lo que la Caja de Jubilaciones del Bapro debió empezar a liquidar a estos beneficiarios según el régimen anterior.

Hace algunos meses, la Corte ensayó una negociación en busca de una salida política al tema. Se produjeron reuniones con legisladores de todas las bancadas en procura de reformar la ley vigente. Incluso el gobernador Axel Kicillof envió un proyecto a la Legislatura.

Cuando todo indicaba que la reforma saldría con el retorno del cálculo jubilatorio al régimen anterior, apareció en escena Mauricio Macri. Informe en mano, el ex presidente se metió en la negociación y ordenó que los legisladores del PRO no votaran el proyecto porque, sostenía, consagraba privilegios e imponía un costo adicional sobre el Estado bonaerense que debía hacerse cargo del déficit de la Caja. Con el proyecto actual, es el propio Banco Provincia el que debe atender el rojo con sus utilidades.

El radicalismo, para evitar más rispideces en la coalición opositora, se plegó al macrismo y la reforma quedó frenada en la Cámara de Diputados donde el Frente de Todos necesita del acuerdo de Juntos por el Cambio para poder avanzar.

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Ayer, los ministros de la Corte escucharon a funcionarios del Ejecutivo, legisladores, integrantes de la Caja, de asociaciones de jubilados del Bapro y de la Asociación Bancaria. Si bien no hubo definiciones, no se trató de una reunión cualquiera: técnicamente, fue una audiencia en el marco de la causa que debe fallar el alto tribunal.

Estuvieron, por caso, Sergio Palazzo (titular del sindicato) y los peronistas Mariano Cascallares, Omar Plaini y Susana González. Por Juntos por el Cambio participaron Mauricio Viviani y Andrés De Leo.

La Corte fijó una nueva audiencia para el 14 de noviembre, en medio de las versiones que indican que se estaría buscando una “salida política” al tema antes de una eventual resolución judicial del conflicto.

Ayer en la Legislatura se especulaba con que el llamado del máximo tribunal de la Provincia tendría relación con la intención de que el tema quede saldado antes de fin de año. Ya sea a través del dictado de una ley o con un desenlace judicial.

La reforma que impulsa Kicillof busca devolverle a sus jubilados el 82%, sobre el cálculo del promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones y volver a bajar la edad jubilatoria de las mujeres a los 60 años.