Mientras la Justicia investiga, se acrecienta otra interna oficialista

Las auditorías oficiales que detectaron beneficiarios del Potenciar Trabajo que poseían vehículos 0 kilómetros, inmuebles o habían comprado dólares provocaron una nueva interna en el Frente de Todos con duras acusaciones de dirigentes sociales al Ejecutivo por propender a una suerte de “caza de brujas”. Ahora la Justicia inició una investigación preliminar para buscar las irregularidades e incluso pidió suspender el pago de los planes hasta tanto se diriman las responsabilidades del caso.

Mientras, la oposición tomó cartas en el asunto y se sumó a las críticas: en las últimas horas varios diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de interpelación a la ministra Victoria Tolosa Paz para que dé explicaciones sobre las maniobras detectadas en la distribución de planes sociales. Fue el caso del mendocino Omar de Marchi y la bonaerense Graciela Ocaña, desde el PRO, pero también de la cordobesa Soledad Carrizo (UCR), que pretende que la funcionaria informe “qué medidas ha adoptado el ministerio sobre los beneficiarios en los que han detectado estas incompatibilidades”.

También integrantes del bloque de la Coalición Cívica de la Cámara baja presentaron un proyecto de resolución para que Desarrollo Social explique “cómo se verificaron los requisitos de ingreso de los titulares de planes sociales sobre los que se detectaron irregularidades” al tiempo que apuntaron contra Emilio Pérsico, secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, a quien acusan de estar “de los dos lados del mostrador”.

presiones

Los relevamientos habían comenzado meses atrás cuando se dieron de baja unos 30 mil planes por incompatibilidad en el cobro del Potenciar Trabajo y las Becas Progresar, tal como había informado en exclusiva este diario. Pero la presión de las organizaciones sociales hizo que el Gobierno diera marcha atrás con la medida. La semana pasada se conoció un nuevo informe, merced a un cruce de datos con la AFIP, que encontró que más de 250 mil inscriptos al Potenciar Trabajo compraron dólares y declararon Bienes Personales mientras que otros 2.800 beneficiarios figuraban como “fallecidos”.

Rápidamente algunos dirigentes, como Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la UTEP, salieron a rechazar esa cifra y a denunciar que “acá hay ´carpetazos´ entre funcionarios y una estigmatización de los trabajadores de la economía popular. No jodan a los de abajo con sus peleas. Ya bastante tenemos los que vivimos tratando de sobrevivir en medio de esta crisis”.

La dirigente en las últimas semanas se recostó en el frente sindical y social que coquetea con el kirchnerismo y durante el 17 de Octubre eligió movilizar a plaza de Mayo. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, donde está Pérsico también, la semana pasada cuestionó al Ejecutivo por las demoras en la implementación de las guarderías para contener a los hijos de los cooperativistas.

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“Fuego amigo”

A raíz del escándalo, Tolosa Paz anunció que daría de baja la titularidad de las personas que hayan comprado divisas y que fueran titulares de planes sociales. En el oficialismo observan que la controversia se pudo haber desencadenado por una “operación política” que buscó generar un nuevo conflicto interno. “Es una canallada esta caza de brujas” sostuvo un referente social consultado y apuntó al Banco Central por permitir, en todo caso, que haya beneficiarios que pudieran adquirir dólares.

Otro análisis que circula en el FdT es que los datos filtrados, “sin cotejar la información”, pudieron ser otro episodio de “fuego amigo” contra Tolosa Paz que “se la ha pasado dando explicaciones desde hace una semana”. Un funcionario que supo trabajar con “Juanchi” Zabaleta detalló que “un muestreo daba que había 100 mil personas (del Potenciar Trabajo) que tenían 0 KM pero cuando se analizaba bien la documentación se veía que estas personas tenían una moto de pequeña cilindrada. No todo es lo mismo”.

Con este telón de fondo, el fiscal federal Guillermo Marijuán inició una investigación judicial en Comodoro Py para deslindar responsabilidades por las irregularidades detectadas. Ya pidió información al ministerio sobre el listado de los beneficios apuntados y solicitó que en la medida que avance la investigación penal, se suspendan los pagos a las personas involucradas en la presunta “estafa” y luego se realice un eventual reempadronamiento.

En la oposicón apuntan contra Pérsico por “estar de los dos lados del mostrador”