Necesidad de preservar y darle más fuerza al sector rural de la Región

No hace mucho se aludió en esta columna de la comprobación, por vía de un estudio realizado por el Banco Provincia, de que la región integrada por La Plata alberga a la mayor población rural del ámbito bonaerense. Y que ello no hacía más que confirmar la importancia de ese sector en cuanto a la producción de cultivos, que lamentablemente suele ser ignorada por los encargados de formular planes de desarrollo y atender al buen funcionamiento de la actividad económica, tanto provincial como lugareña. Numerosas quintas frutihortícolas, tambos y establecimientos dedicados a la producción ganadera integran a este importante polo rural de la Región.

Por eso la necesidad imperiosa de reactivar al sector productivo rural de la Región, acentuada a partir de los años de la pandemia y, ahora, de la contingencia climática adversa causada por la prolongada sequía que se registró en 2022, justifica toda medida de estímulo y apoyo estructural que pueda dictarse, en un contexto recesivo caracterizado por el propósito de impulsar medidas encaminadas a consolidar a todos los sectores generadores de riqueza genuina.

Es en este sentido que debe mencionarse la ayuda dispuesta en favor de los productores rurales de nuestro distrito, a quienes acaba de notificarse que pueden presentar aquellas declaraciones juradas que les permitirán acceder a los beneficios impositivos dispuestos por la ley de emergencia y desastre agropecuario, según informó el gobierno provincial.

La ley establece que aquellos productores y productoras que hayan visto afectado entre el 50 y el 79 por ciento de su producción o capacidad de producción, serán considerados en estado de emergencia agropecuaria y se les otorgará una prórroga del pago del impuesto Inmobiliario Rural, correspondiente al inmueble destinado al desarrollo de la actividad agropecuaria.

En tanto, aquellos que por las inclemencias climáticas hayan sufrido una afectación de entre el 80 y 100 por ciento de su producción o capacidad de producción entran en la categoría de desastre agropecuario, y serán eximidos del pago del impuesto rural, en proporción al porcentaje de la afectación de la explotación.

En realidad, no son sólo las contingencias climáticas -como las lluvias intensas, los granizos o las sequías, que muchas veces causan pérdidas irreparables en los establecimientos rurales- ni los vaivenes de los precios, los únicos factores negativos que habitualmente deben enfrentar los productores de la zona, sino que, acaso, la mayor dificultad estructural que enfrentan reside en el desconocimiento o el olvido, por parte de las autoridades, de la enorme potencialidad económica del sector.

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Es de esperar, entonces, que las ayudas a este sector productivo incluyan una mejora sustancial de los caminos rurales, un sostenido apoyo a la aplicación de nuevas tecnologías, una mayor dinámica en la comercialización que permita conquistar nuevos mercados y, también, la decisión de apuntar hacia una pujante industria agroalimentaria.

teniendo a la vista la profundidad de la crisis, la alternativa de contar en nuestra zona con un polo rural de excelencia exige del Estado medidas que apunten a no disminuir las superficies productivas y a consolidar la potencialidad de uno de los resortes principales para el despegue económico.