Un avance cristinista, sin consenso parlamentario

El proyecto para crear un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI que impulsa el cristinismo en el Senado, a través del cobro de un tributo a argentinos que tengan bienes sin declarar en el exterior, no tiene destino en el Parlamento, según admiten fuentes del propio oficialismo y la oposición. Pero a pesar de la falta de consenso político, la iniciativa le serviría al relato de la Vicepresidenta para volver a poner el foco en los “fugadores”, que a su entender giraron fuera del país los millones de dólares que la administración de Mauricio Macri recibió del organismo crediticio, en 2018.

En plena pelea interna con la Casa Rosada tras el acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo, Cristina Kirchner le puso letra ahora a su frase de 2019 - “que la deuda la paguen los que se la llevaron”- y encomendó a los senadores del Frente de Todos, más precisamente a su más estrecho colaborador Oscar Parrilli, e integrantes del camporismo -como el rionegrino Martín Doñate-, la redacción del proyecto, que también anticipa el envío de otra improbable iniciativa que buscaría modificar las excepciones del secreto bancario, bursátil o fiscal, necesarias para acceder a datos de los evasores.

Por lo pronto, la oposición ya salió a bloquear la iniciativa: el titular de la bancada radical, Luis Naidenoff, manifestó su rechazo.

Pero si incluso el texto pasara el filtro de la Cámara alta, se empantanaría en Diputados donde Juntos por el Cambio y bloques minoritarios ya han puesto en aprietos el oficialismo con la caída del Presupuesto y como se prevé ocurra con la reforma del Consejo a la Magistratura, ayer con un traspié en la Cámara alta porque el Frente de Todos aún no tiene los votos para darle la media sanción.

El que más duro salió a cruzar la iniciativa fue el senador Martín Lousteau, que la calificó como “la ley Daniel Muñoz”, en referencia al fallecido ex secretario privado del matrimonio Kirchner al que se le encontraron propiedades en Miami por U$S 70 millones. “El nuevo impuesto es un blanqueo encubierto”, aseguró. Además, consideró que se trataría de un golpe de efecto del kirchnerismo dado que actualmente la Administración Federal de Ingresos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF) cuentan con herramientas para lograr los mismos objetivos que podrían reportar incluso una recaudación más alta.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, la calificó ayer como “una inseguridad jurídica que la Argentina no se merece”, llamó la atención “que hasta ahora todos los departamentos que se han encontrado son cercanos a Cristina Fernández de Kirchner, como por ejemplo su secretario Muñoz” y puntualizó que estos procesos deberían hacerse a través de investigaciones sobre extinción de dominio, una reforma que Cambiemos intentó sancionar en el Congreso para acelerar la búsqueda de activos de causas de corrupción. En aquel entonces el kirchnerismo se opuso y bloqueó su tratamiento en la Cámara alta y también se manifestó en contra de los “colaboradores” de la Justicia, como el excontador de los Kirchner, Víctor Manzanares.

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Lo cierto es que siguiendo con su actual estrategia, Cristina buscó involucrar al embajador de Estados Unidos en el país, Marc Stanley, a quien recibió el lunes en su despacho, y aseguró haberle pedido la “colaboración de su país” para recuperar los recursos de argentinos en “paraísos fiscales”. Sin embargo, el diplomático norteamericano no hizo referencia al supuesto pedido en la comunicación del encuentro y si destacó la coincidencia con la ex presidenta “en el amor por los chocolates patagónicos”.

A la postre, la jugada política de la ex mandataria fue más un mensaje hacia la propia interna del oficialismo que al establishment: le sirve para rechazar las acusaciones del Ejecutivo de que el kirchnerismo intenta poner palos en la rueda por el rechazo legislativo al acuerdo al proponer una posible forma de recaudar recursos para el repago del crédito.

El texto prevé que las personas alcanzadas por este aporte deberán realizar un aporte en dólares del 20 pro ciento de sus bienes no declarados. Y anticipa que en el caso de declararlos pasados los 6 meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35 por ciento. La senadora cristinista Julia Di Tullio arriesgó que se podrían recaudar unos U$S 75 mil millones de los más de U$S 400 mil que se estima que los argentinos tienen fuera del país, ya sea en cuentas bancarias o en bienes inmuebles.

En Casa Rosada hubo un tibio respaldo a la iniciativa. Horas después de conocida la noticia, la portavoz presidencial Gabriela Cerrutti dijo que el Gobierno “avala” el proyecto. Durante la víspera en Balcarce 50 reconocían que el mismo no tenía posibilidades de ser sancionado y que venía “galvanizado” por el cristinismo.

Mientras, el presidente Alberto Fernández no mencionó el tema durante su discurso de ayer al mediodía en ocasión de participar de una nueva jornada del Consejo Económico y Social. Sólo hizo referencia al acuerdo con el FMI por el pedido que viene haciendo el Gobierno para que el organismo crediticio revea las sobretasas que le cobra al país. A la salida del encuentro, Fernando “Chino” Navarro, secretario de Asuntos Parlamentarios, explicó que “no conozco el detalle pero conceptualmente me parece correcto, que los que han fugado dinero tienen que asumir un mayor compromiso sino el pueblo se tiene que hacer cargo del dislate de la deuda tomada por Macri”.