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El Gobierno propuso un ajuste bajo (con diferencias internas) y el Fondo Monetario reclamó uno mayor para asegurarse que Argentina cumpla la meta fiscal. Los números detrás del acuerdo para financiar la deuda
El ajuste tarifario fue el “ítem” más de difícil de definir entre Argentina y el FMI. En líneas generales, no hubo sorpresas entre las posturas: el Gobierno propuso un ajuste bajo (con un sector interno, el kirchnerismo, que no quería más del 20 por ciento) y el organismo, interesado en que Argentina reduzca su déficit, pidió un ajuste (mucho) mayor. Todo quedó en un término medio.
Sin ajuste, no se puede cumplir la meta de déficit primario del 2,5 por ciento del PBI, sostiene un informe de la consultors Equilibra, que se mete en el detalle de los números detrás de la negociación. “Aún si la economía creciera en torno al 3 por ciento, dados los mayores costos de producción y generación, las tarifas tendrían que subir al menos como la inflación promedio (52 por ciento) para no elevar el peso de los subsidios en relación con el PBI”.
Aunque todavía se ubican lejos del máximo 2014-2015, los subsidios económicos treparon desde 1,6 por ciento del PBI en 2019 hasta 3 por ciento en 2021, alcanzando U$S 14.000 millones. Más de U$S 11.000 millones se destinaron al sector energético (2,3 por ciento del PBI), siendo la electricidad la que se llevó la mayor porción (1,9 por ciento del PBI).
Los costos de provisión de suministro eléctrico y gas, de acuerdo informe privado, treparán por encima de la inflación promedio de 2022, debido a la menor generación hidroeléctrica por sequía y la suba en dólares de insumos importados (gas, gasoil y/o fueloil), que podría agravarse con el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Si las tarifas de la energía eléctrica quedaban en un aumento de sólo 20 por ciento, los subsidios iban a trepar 84 por ciento (unos U$S 12.000 millones) y pasaban del 1,9 por ciento al 2,3 por ciento del PBI.
Si las tarifas de gas aumentaban sólo 20 por ciento, los subsidios a la provisión iban a pasar de 0,4 por ciento del PBI en 2021 a 0,6 por ciento en 2022. Si, en cambio, suben con los costos, los subsidios se elevarían 65 por ciento a lo largo del año, alcanzando 0,5 por ciento del PBI.
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Las tarifas de transporte público también requieren una suba para achicar subsidios. El boleto de colectivos en AMBA cubre sólo el 13 por ciento de los costos y el de trenes apenas el 5 por ciento. Mientras que el boleto en el interior del país cubre el 50 por ciento.
Una suba del 20 por ciento en los boletos de colectivo y trenes implicaría un gasto en subsidios U$S 570 millones por encima de 2021, pasando desde 0,67 por ciento del PBI a 0,72 por ciento en 2022.
La necesidad de ajustar las tarifas de agua ha recibido mucho menos atención pública, pero el desfasaje es igual de importante que en otros rubros, según Equilibra, la consultora que cuenta en su staff al ex Anses, Diego Bossio. La tarifa hoy sólo cubre el 37 por ciento de los costos operativos, de mejora y mantenimiento. Sin subas en 2022, pasaría a cubrir apenas el 18 por ciento.
La pregunta del millón fue cuanto aumentarán las tarifas de electricidad. “Esta respuesta es muy compleja porque no todos los usuarios pagan la misma proporción del costo del servicio (el consumo residencial está más subsidiado que el comercial/industrial) y a esto se suma el componente de distribución que está subsidiado mayormente en las zonas que dependen del Gobierno y, en menor medida, en las entidades que dependen de gobiernos provinciales”, explica la consultora.
La alternativa que prevaleció, al parecer, es que los ingresos por tarifas suban al ritmo de los costos, cristalizando un 40 por ciento de cobertura de la tarifa del costo del suministro eléctrico de 2021. En este caso, los subsidios subirán 59 por ciento a lo largo del año, alcanzando $1.345.000 millones que representaría 2 por ciento del PBI (poco más de U$S 10.000 millones).
Mientras, la posibilidad más parecida a la que empujaron los técnicos del FMI fue que los ingresos por tarifas suban por encima de los costos para reducir la cobertura de los subsidios. Si se buscara que el ratio tarifa/costo del servicio público subiera a 50 por ciento en 2022, el ingreso por tarifas debería aumentar 100 por ciento, mientras que los subsidios treparían sólo 31 por ciento en el año, alcanzando $1.029.000 millones (1,6 por ciento del PBI o U$S 8.500 millones). Aunque impracticable en un solo año, para tomar noción de la magnitud del retraso tarifario, eliminar totalmente los subsidios al suministro eléctrico implicaría incrementar los ingresos por tarifas en 300 por ciento; multiplicar en promedio el valor de las tarifas por cuatro”, señala Equilibra.
“Estimamos una suba del costo de la provisión del gas para 2022 por encima de la inflación (en torno a 65 por ciento), ya que el costo de importación viene creciendo en moneda dura (no estamos considerando en este supuesto los incrementos probables pos-invasión rusa). Si el déficit entre el consumo interno y la producción local se acentúa lo cual es probable que suceda por escasos incentivos a la oferta en las cuencas tradicionales y saturación de la infraestructura de transporte en Vaca Muerta , habrá que importar un mayor volumen de gas natural que se paga a un mayor precio que el local. Y lo más probable es que Bolivia recorte nuestro suministro por lo que habrá que comprar más GNL que importarlo cuesta más del triple”, detalla el informe privado.
En primer lugar, si lo recaudado en concepto de tarifas tenía un aumento sólo del 20 por ciento, los subsidios a la provisión de gas se hubiesen duplicado, alcanzando $409.000 millones (0,6 por ciento del PBI, poco más de U$S 3.100 millones).
La segunda alternativa es que los ingresos por tarifas suban al ritmo de los costos, cristalizando el ratio tarifa/costo del servicio público de 2021 (45 por ciento), tal como se habría acordado. En este caso, los subsidios subirán 65 por ciento a lo largo del año (igual que las tarifas y el costo de producción) alcanzando $334.000 millones (0,5 por ciento del PBI, poco más de U$S 2.500 millones).
La tercera hipótesis que consideró la consultora fue que los ingresos por tarifas cubran la mitad del costo del suministro (el ratio tarifa/costo del servicio público subiría a 50 por ciento en 2022). En este caso, las tarifas tendrían que trepar 83 por ciento y los subsidios subirían 50 por ciento a lo largo del año, alcanzando $304.000 millones (0,4 por ciento del PBI, poco más de U$S 2.300 millones). Y, finalmente, para eliminar por completo los subsidios al suministro, los ingresos por tarifas deberían trepar 267 por ciento, multiplicando la tarifa promedio por 3,7”.
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