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Las ventajas impositivas generaron un éxodo de nuevos millonarios a la isla, que es un estado asociado de los Estados Unidos
Logan Paul, youtuber, boxeador y criptomillonario en Puerto Rico / Web
Una oleada de criptomillonarios y otros inversionistas está llegando a Puerto Rico en los últimos años. Buscan, no solo el calor o la tranquilidad del Caribe, sino también sus famosas exenciones fiscales.
A lo largo y ancho del archipiélago, compran residencias, establecen negocios y se mudan con sus familias desde Estados Unidos u otros países.
Al mismo tiempo, algunos puertorriqueños denuncian que estos inversionistas son los responsables de que el precio de la vivienda se haya disparado en algunas ciudades y pueblos, lo que ha llevado a que en los últimos meses se hayan convocado protestas en contra del desplazamiento de la población local.
“Me mudé a Puerto Rico el 8 de marzo de 2021, y lo que me atrajo fue que vi a mis amigos, como David Namdar, de Nueva York, mudarse aquí”, explica David Johnston en entrevista con BBC Mundo.
Johnston se ha beneficiado de la llamada Ley 60 de Puerto Rico, que permite que ciertos inversionistas no paguen impuestos sobre ganancias de capital tras convertirse en residentes de la isla.
Es el jefe de operaciones de la compañía DLTx, enfocada en el uso del blockchain, la tecnología detrás de las criptomonedas en la economía tradicional.
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Asegura que al llegar a San Juan encontró una comunidad tan activa en el tema del blockchain que decidió volver a California, hablar con su esposa y mudarse con su familia a Puerto Rico.
“Ha sido bastante increíble cómo crece (la comunidad blockchain) casi cada semana. Tengo un amigo que me llamó para decirme, ‘Ey, voy a ser tu vecino’. Decidimos mudarnos a los suburbios, en Guaynabo, al sur de San Juan y ha sido genial: vivimos en un hermoso barrio estilo estadounidense”, dice.
Por los beneficios fiscales, Puerto Rico se convirtió en un destino atractivo para empresarios de diversos sectores, pero la llegada de los que trabajan en el mundo del blockchain y las criptomonedas ha tenido más repercusión.
Fue en el 2018, tras el paso un año antes del devastador huracán María, cuando medios internacionales reseñaron por primera vez un boom de criptomillonarios que se mudaban al archipiélago. En aquel momento los recién llegados decían que convertirían a Puerto Rico, devastado por el ciclón, en “Puertopia”, una utopía tecnológica.
Esto llamó la atención de emprendedores como Johnston, quien en esa época trabajaba en California. En 2020, mudarse Puerto Rico se convirtió en una opción real.
“Especialmente por la pandemia, muchos de los amigos que tengo que son jóvenes emprendedores, gente que hace protocolos de blockchain, empezaron a mudarse (a Puerto Rico) y esa fue una señal para mí para decir ‘Bueno, tengo que fijarme en esto’”, explica.
Según un estudio que realizó el Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico, al menos 31 criptoempresarios llegaron a la isla en 2021. Sin embargo, por el número de compañías exportadoras de servicios en el área de la tecnología que se han registrado bajo la Ley 60, el gobierno estima que hay más de 100.
Algunos de estos inversionistas no son especialmente discretos.
Es el caso de Brock Pierce, quien hizo su fortuna en la industria de la tecnología, y en 2018 fue quien acuñó el término de “Puertopía”.
Pierce figura como dueño de más de 20 corporaciones en territorio estadounidense. Ha comprado residencias valoradas en millones de dólares en diversas localidades puertorriqueñas, así como varios edificios históricos en la zona del Viejo San Juan.
Su adquisición más reciente fue un hotel en el pequeño municipio de Vieques, ubicado en una isla al este de Puerto Rico, por unos US$18 millones.
El youtuber Logan Paul es otro de los multimillonarios famosos que se ha mudado al archipiélago.
La imagen de ambos aparece en los carteles de protesta de los locales que denuncian la gentrificación que los expulsa de los barrios en los que han vivido toda la vida.
Los beneficios fiscales que atraen multimillonarios a Puerto Rico fueron aprobados en 2012. La legislación fue enmendada en 2019, y ahora forma parte de un “Código de Incentivos” conocido como Ley 60.
En esencia, exime de impuestos las ganancias de capital a largo plazo acumuladas después de que un inversionista se convierta en residente del territorio estadounidense.
También ofrece exenciones contributivas sobre ingresos por intereses y dividendos. Los locales no cualifican para las exenciones.
Según The New York Times, en 2021 más de 1.300 personas solicitaron convertirse en inversionistas residentes en Puerto Rico bajo la Ley 60, y cerca de 900 recibieron la aprobación del gobierno.
En defensa de la ley, Carlos Fontán Meléndez, director de la Oficina de Incentivos de Puerto Rico, le dijo a BBC Mundo que un estudio realizado en 2019 reveló que, gracias a los exenciones contributivas, el sector inmobiliario había registrado compras por un valor de US$1.300 millones, lo cual se tradujo en unos US$8,8 millones en ingresos para las arcas públicas.
“Hay una percepción errónea de que los beneficiarios no pagan impuestos en Puerto Rico”, dijo Fontán Meléndez. “No pagan impuestos en cuanto lo que generen en dividendos y en algunas ocasiones, lo que generen de ganancias capital, pero para todo lo demás tienen que pagar impuestos”.
“Si alguien que se ha acogido a Ley 22 [ahora Ley 60] vende una propiedad y esa propiedad genera una ganancia capital, esa ganancia capital tributa completamente. Porque la Ley 22 no ofrece exenciones referentes a la venta de una propiedad inmueble”.
No obstante, el gobierno dice que es consciente de que debe haber cambios legales para que la sociedad perciba los beneficios que traen estos inversionistas.
José Sánchez Acosta, asesor legal general de la Oficina de Incentivos, le explicó a BBC Mundo que el gobierno está buscando implementar esos cambios.
“En este momento se está trabajando junto a la Legislatura en un proyecto que busca imponer unas cargas adicionales a estos inversionistas para que sea más marcado el resultado y los beneficios para Puerto Rico”, comentó.
Pero para muchos habitantes locales, como Kiana Figueroa Guadalupe, quien ha vivido siempre en Vieques, el pueblo en donde Pierce compró su hotel, Puerto Rico no es un tesoro recién descubierto. Tiene 25 años y es maestra de una escuela pública. Conoce bien las calles de Vieques, sus playas de arena negra y su bahía bioluminiscente. No obstante, no logra ahorrar el dinero suficiente para comprar una casa y establecerse de forma permanente junto a su pareja.
“Llegan con mucho más dinero del que podríamos tener, vienen a comprar a sobreprecio y se quedan con las casas en las montañas, frente a la playa. Se quedan con los terrenos y hasta hacen sus propios parkings (estacionamientos)”, le dijo a BBC Mundo.
Kiana recibe un salario mensual cercano a los US$1.500. Los precios de las casas que ha visto durante las últimas semanas están muy por encima de los US$100.000; en algunos casos alcanzan los US$200.000.
Su madre, Elda Guadalupe, una exlegisladora municipal viequense, dice que estos números son conservadores, pues los terrenos en el pequeño pueblo pueden alcanzar incluso los US$500.000. En 2018, el salario promedio anual en esta localidad era de US$15.531. Según Elda, muchos han dejado el pueblo ante la problemática de no encontrar vivienda asequible. Para ella, el cambio es notable incluso en el aula donde -al igual que su hija- imparte clases desde hace 16 años.
“Cuando llegué, había más de 400 estudiantes. El espacio no era suficiente. Había dos equipos de maestros. Un día como hoy, tenemos solo 157 alumnos”, contó.
Elda también explica que varios habitantes de Vieques han tenido que abandonar sus casas de alquiler tras ser compradas por inversionistas, algo que está pasando en otros pueblos.
En Quebradillas, al noreste de Puerto Rico, los vecinos de un edificio de apartamentos recibieron la noticia de que serán desalojados luego de que un beneficiario de las exenciones contributivas procedente de Rhode Island lo comprara. El nuevo dueño desarrollará un proyecto hotelero en el lugar, según un reportaje de la periodista independiente Bianca Graulau. Mientras, en Rincón, al oeste de Puerto Rico, Israel Matos, un ingeniero de sonido, tuvo que abandonar su hogar luego de que alguien comprara en efectivo (por unos US$200.000) la residencia que él pretendía adquirir a través de una hipoteca.
“Esto le está pasando a mucha gente. Nos están botando de nuestros hogares. Ahora mismo mi familia está en el aire, no sabemos qué vamos a hacer. Es bien duro. Las dos nenas diciéndome que no se quieren mudar y yo aguantando las lágrimas”, le contó a BBC Mundo.
Junto a sus dos hijas, esposa y padre busca una nueva casa, pero aún no encuentra nada que pueda pagar. “Voy a tener que alquilar algo de dos cuartos y no sé, que las nenas tengan un cuarto y duerman juntas, y hacer un cuarto en la sala para mi papá”.
En las manifestaciones muchos reclaman la salida de los inversionistas. Pero Elda, así como Kiana, hablan de otro tipo de soluciones para frenar el desplazamiento de las comunidades locales.
No detallan acciones específicas, pero opinan que el gobierno podría hacer algo. Hablan de controles a nivel municipal o quizás algún impuesto para quien llegue.
De lo que sí tienen certeza es que Vieques, en los últimos años, ha cambiado mucho.
En la isla municipio, los negocios cercanos a un famoso muelle llamado La Esperanza ahora son operados por comerciantes que no son oriundos del lugar, afirma Kiana.
Incluso, ahora allí son pocos los empleados “que saben español”.
En el Viejo San Juan, Margarita Gandía, una corredora de bienes raíces con 40 años de experiencia, quien además ha vivido toda su vida en el área, comenta que los residentes del casco histórico “somos muy pocos”.
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