La oposición resiste los proyectos legislativos que impulsa el kirchnerismo

En Juntos por el Cambio están decididos a resistir la avanzada del kirchnerismo en el Congreso, que impulsa su propia reforma del Consejo de la Magistratura y un nuevo impuesto para argentinos con dinero y bienes no declarados en el exterior.

En el mayor espacio opositor creen que aunque el oficialismo logre la aprobación en el Senado –donde, por ejemplo, el Frente de Todos hoy podría llegar con los votos justos a dar media sanción a la modificación de la composición del organismo que audita a los jueces-, en Diputados la historia podría ser otra, como sucedió con el Presupuesto 2022, que naufragó luego del rechazo conjunto de distintos bloques.

Ayer hubo un round de la disputa que se viene. El kirchnerismo llevó al plenario de comisiones de Presupuesto y Legislación General para discutir el proyecto impositivo para pagarle al FMI y que la oposición llama despectivamente “Ley Daniel Muñoz” (por el ex secretario del matrimonio Kirchner al que se le encontraron departamentos por U$S 70 millones en Miami). El senador radical Martín Lousteau tuvo un fuerte cruce con su par Oscar Parrilli, ladero de Cristina y uno los autores de la iniciativa, que intentó defender a uno de los expositores invitados, el economista Guillermo Wierzba.

Es que Lousteau le pidió al visitante que defina “fuga de capitales” y, en base a una serie de interpelaciones, éste terminó admitiendo que los fondos girados al exterior por Santa Cruz en el mandato de Néstor Kirchner se pueden enmarcar en el concepto de “fuga”, similar al termino que el kirchnerismo desacredita el uso que le dio el macrismo al préstamo del FMI.

El concepto fuga

Fue en este contexto que el senador porteño radical le insistió: “Si alguien, una persona o una provincia, tiene un depósito en el país y lo radica en un banco del exterior, es fuga?”, a lo que Wierzba respondió que era un “problema semántico” pero reconoció que sí, “es fuga”. “¿Si alguien tiene un depósito y lo saca y lo mete en una caja de seguridad, es fuga, técnicamente es fuga?”, preguntó una vez más el legislador opositor, a lo que el invitado por la bancada oficialista respondió,: “Sí”. Esta última apreciación del legislador opositor se vincularía con la cuenta de unos 4 millones de dólares que le fue incautada, en 2016, a Florencia Kirchner, en el marco de una causa judicial.

Mientras, el proyecto impulsado por la Vicepresidenta, ayer sumó el apoyo de sectores gremiales. Pero en Juntos por el Cambio ya manifestaron su rechazo a través de un comunicado: “Es un blanqueo encubierto disfrazado de populismo. Todo esto sin importar el origen de los fondos, pudiendo así blanquearse dinero de la corrupción u otras actividades delictivas”, explicaron en el interbloque opositor.

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La Corte, de por medio

Mientras, hoy la Cámara alta debatirá en el recinto la reforma al Consejo de la Magistratura, un proyecto que envió el Ejecutivo luego de ser emplazado por la Corte Suprema a armonizar la composición del cuerpo. La coalición opositora también ya anticipó su rechazo porque la iniciativa oficial casualmente descarta la presencia del presidente del máximo tribunal en el organismo.

Lo cierto que el oficialismo podría darle media sanción en la Cámara alta con los 37 votos requeridos, con la asistencia del rionegrino Alberto Weretilneck, que la semana pasada forzó cambios al proyecto original federalizado la elección de sus integrantes, y de la misionera Magdalena Solari Quintana, quienes suelen asistir al oficialismo cuando requiere de apoyos externos para lograr el quórum, por caso.

Empero, en Diputados no pasaría el filtro de la oposición, aunque surgieron algunas dudas sobre la postura de la lavagnista Graciela Camaño que, al contrario de su jefe, el exministro Roberto Lavagna, no quiere que la presidencia de la Magistratura la ejerza la Corte Suprema. De todos modos, aseguró que “no” votará el proyecto kirchnerista.

En la Cámara baja el Frente de Todos sólo contaría con 123 votos asegurados y le faltarían 6 para aprobar la nueva ley. Desde la administración de Alberto Fernández, no obstante, gestionarían el apoyo de los bloques más pequeños, como los provinciales, para complacer, aseguran, a la vicepresidenta en su disputa con el máximo tribunal.

“La disputa es justamente para que la Corte no forme parte. De eso se trata todo para Cristina”, cerró una fuente del armado opositor calificada.

Sin embargo, fuentes parlamentarias consultadas no descartan que el máximo tribunal pueda extender el plazo del 15 de abril para que el Parlamento se dé otra ley para la conformación de la Magistratura. Hoy, está claro, no hay consensos para ello.

Vencido el plazo, la institución volvería a su composición original de 20 miembros, por lo que habría que elegir nuevos integrantes, y el cortesano Horacio Rosatti, debería presidirla.

El fin de semana Jimena Latorre fue elegida como nueva consejera de la Magistratura en representación de los abogados. La letrada es afín al PRO y formó parte de la conducción de la AFIP durante la administración de Cambiemos.

Los jueces nacionales y federales de todo el país concurrirán hoy a votar la -debe ser mujer por la igualdad de género- representante de los magistrados en el Consejo.