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Apenas once provincias avanzaron en la creación de órganos específicos con la misión de relevar información sobre la aplicación de protocolos educativos y sanitarios para abordar situaciones de violencia hacia las infancias, según reveló el primer informe que analiza las políticas públicas sobre la vulneración de derechos de esa franja de la población.
Según el informe “Análisis de la regulación del abuso y violencia sexual contra niños/as y adolescentes en Argentina”, un relevamiento del Ministerio de Salud realizado por primera vez en 2020 y actualizado y publicado el año pasado, las provincias de Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Jujuy, La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, San Luis, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe y Chubut, además de la ciudad correntina de Esquina, cuentan con comités, mesas u órganos de control interministeriales sobre la implementación de protocolos ante abusos sexuales en infancias.
El documento -realizado con apoyo de Unicef- explica que esas instancias llevan la información sobre cómo se aplican los protocolos, cómo funcionan y se articulan las diversas disciplinas y jurisdicciones implicadas en la protección de las infancias, además de trabajar en mejorar las conexiones entre áreas.
“Si bien son once las provincias que tienen los comités, que son muy importantes porque mejoran la implementación de políticas, no es la única estrategia”, dice la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, que depende de la Secretaría de Acceso a la Salud.
La efectiva aplicación de protocolos y la necesidad de prevención de violencias contra las infancias volvió a ponerse en escena tras situaciones denunciadas recientemente en establecimientos educativos.
Uno de ellos sucedió en la Escuela Normal N° 2, ubicada en La Plata, la capital bonaerense, cuyos docentes y alumnos denunciaron situaciones de violencia sexual contra otros alumnos. Lo mismo ocurrió en el colegio Cristo Rey de la localidad bonaerense de Garín, partido de Escobar.
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