VIDEO. Escándalo en el PAMI: denuncian desvío de fondos y le apuntan a autoridades ligadas a La Cámpora

Un informe periodístico emitido el fin de semana en Periodismo Para Todos (PPT) desató un escándalo que involucró a las autoridades del PAMI por el presunto desvío de fondos en la jurisdicción de Hurlingham, correspondientes a beneficiarios de esa ciudad bonaerense. Las sospechas giran en torno a $47.11.2900 que se habrían destinado para el pago de planes sociales. 

Por la irregularidad con esos montos el envío periodístico le apuntó al intendente de Hurlingham, Damián Scelci, y a la directora del PAMI, Luana Volnovich, ambos militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora. Además, salpica el nombre del subdirector de la obra social de los jubilados, Martín Rodríguez, afín a dicho espacio político.  

En medio de las sospechas, la diputada Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) presentó una denuncia en la Justicia, la cual tramita en el despacho del titular de la UFI PAMI, Javier Arzúa. 

Según el informe y la existencia de documentación comprometedora para los sospechosos, la operatoria tuvo lugar en centros de jubilados de Hurlingham, los cuales por orden de funcionarios del PAMI ligados a La Cámpora ordenaron el pago de fondos millonarios a esas entidades, también controladas por militantes de La Cámpora. 

Rodríguez, quien es pareja de Volnovich, rechazó la denuncia de Ocaña a través de las redes sociales, en donde deslizó que se trata de un "fake news" (o noticia falsa). 

Según Clarín, los expedientes muestran que parte del dinero pudo ser cobrado por el centro de jubilado "Güemes" antes de que éste fuera reconocido legalmente como tal. En el informe de PPT se apuntaron dos hechos, pero la denuncia de Ocaña ampliaría otros tantos más por un monto cercanos a los $50.000.000. 

En su denuncia Ocaña plantea que "Luana Volnovich, -Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)-, Jorge Martín Rodríguez Alberti - Subdirector Ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y Damián Gabriel Selci -Intendente interino del Municipio de Hurlingham- por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la Administración Pública, peculado, asociación ilícita y falsedad ideológica". 

Durante la pandemia el PAMI de Hurlingham aprobó, junto con la municipalidad, la creación de dos de esas asociaciones que tienen como fin funcionar realizando actividades de diversos rubros dedicadas a jubilados y pensionados que conforman así grupos colectivos de pertenencia en los que comparten diferentes acciones. Uno es el mencionado "Güemes". El otro es el centro San Javier. 

"Dicho centro fue creado -conforme su estatuto- el 12 de Abril de 2021. En la comisión directiva aparecen los nombres de Juan Manuel Novillo, de 27 años, (Secretario), Gonzalo Nicolás García, de 31 años, (Tesorero) y Melisa Gisel Gonzales (Revisora de Cuentas), quienes casualmente también serían empleados del Municipio de Hurlingham", sostiene Ocaña. 

En torno a San Javier, Ocaña apuntó por ejemplo por el cobro de 2.547.000 durante tres meses por trabajos hechos en principio en ninguna parte, ya que aún no estaba funcionando. En ese sentido, busca profundizar en el rol de funcionarios de la comuna de Hurlingham que, a decir de la denunciante, recibieron los fondos bajo control de La Cámpora. 

Respecto de esos giros de dinero a los centros "Güemes" y "San Javier", el PAMI argumentó que los montos tenían como finalidad ayudar a la entidad a implementar un relevamiento de los afiliados del PAMI en Hurlingham ya que en ese distrito la única clínica que atendía a los jubilados con esa obra social. Esto se habría instrumentado a través de la contratación de jóvenes a los que se identifica como "llamadores". 

Ocaña, por su parte, dice tener la certeza de que con la documentación que transformó en denuncia judicial muestra cómo "La Cámpora usa a organismos públicos como 'cajas' para recaudación y contrataciones políticas". El caso PAMI Hurlingham recién empieza.