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La acusación contra la exvicepresidenta, la posible condena y sus posibles efectos en el escenario político que se viene
Uno de los fiscales acusadores, Diego Luciani /cap. de video
De haber liderado una “asociación ilícita “ y defraudado al Estado para favorecer con millonarios contratos al empresario Lázaro Báez. El fiscal Diego Luciani pidió para ella una pena de 12 años de prisión, la más alta en este juicio, por direccionar obra pública vial a favor de Báez, que ganó licitaciones que le permitieron hacerse de cerca del 80% de los trabajos viales de Santa Cruz por más de 46.000 millones de pesos, con sobreprecios y a pesar de que sus empresas no tenían capacidad para afrontar las obras, según expuso el funcionario judicial. Además, Luciani sostuvo que hubo licitaciones “simuladas” en las que competían entre sí solo las compañías de Báez, que solo terminó a tiempo con dos de las 51 obras que se le adjudicaron, mientras que 24 nunca las concluyó.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) prevé dictar su veredicto antes de fin de año. Antes, debe terminar la etapa de alegatos, con la exposición de las 13 defensas. Cristina y los demás acusados tendrán el derecho a las “últimas palabras”. Las audiencias son tres veces por semana y está previsto que los alegatos demoren cuatro meses en total. Una vez terminados, el TOF 2 fijará una fecha para el veredicto final.
Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, a los que Cristina Kirchner acusó de tener la sentencia ya escrita y de aplicar contra ella el “lawfare” (o persecusión judicial). La defensa de la Vicepresidenta recusó, sin éxito, a Giménez Uriburu, por compartir equipo de fútbol con el fiscal Luciani y haber ido a jugar a la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. Y a Gorini, por reuniones con Patricia Bullrich cuando ella era ministra de Seguridad.
Solo si antes de las elecciones es condenada, si pesan sobre ella dos sentencias condenatorias sucesivas y siempre que la condena quede firme, la justicia electoral podría impedirle a Cristina Kirchner postularse para algún cargo público, según la jurisprudencia vigente. Antes, la Cámara Nacional Electoral consideraba que quien tenía una condena confirmada por Casación ya no podía ser candidato (aún sin esperar lo que dijera la Corte). Pero fue la misma Corte, por unanimidad, la que estableció el nuevo criterio, a partir de un caso que terminó favoreciendo al expresidente Carlos Menem.
Sin plazos determinados por ley para que Casación o la Corte resuelvan, esto puede demorar años. Por lo que es poco probable que una eventual condena de Cristina Kirchner quede firme antes de las próximas elecciones, tal como coinciden jueces y abogados.
Hasta terminar su mandato como Vicepresidenta, Cristina Kirchner tendrá fueros, aún con una condena firme a prisión. En ese caso, se configuraría una causal de juicio político, para la que sería necesario el voto de dos tercios de los senadores y de los diputados para retirarle el cargo. Si en las elecciones del año próximo decidiera ser candidata a presidenta, en el caso de no ganar perdería esos fueros. Pero si se postulara para senadora, tendría muchas chances de obtener una banca y, por tanto, retener los fueros.
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El 19 de febrero del año próximo Cristina Kirchner cumplirá 70 años, uno de los supuestos que la ley prevé para disponer el beneficio de la prisión domiciliaria al condenado.
El fraude en perjuicio del Estado –uno de los delitos por los que se acusa a Cristina Kirchner– contempla una pena de dos a seis años de prisión y, si el condenado es funcionario público, el Código Penal establece que “sufrirá además inhabilitación especial perpetua”. En el hipotético escensario de que la Vicepresidenta fuera elegida el año próximo para ocupar otro cargo y de que, al tiempo que lo ejerce, quedara firme una condena en su contra se daría un “conflicto institucional” sin antecedentes. Llegado el caso, habrá que ver si la mencionada inhabilitación puede aplicarse a un cargo electivo en ejercicio y si los fueros alcanzan también para darle inmunidad frente a esta prohibición. De cualquier modo, hay quienes advierten que el eventual intríngulis difícilmente se resuelva sin la intervención del Congreso, que debería reunir una mayoría calificada para avanzar con la destitución.
Mientras la doctrina mayoritaria interpreta que sí, otros constitucionalistas sostienen que no es posible porque los delitos de corrupción no pueden ser indultados. Sobre lo que podría decidir Alberto Fernández, él mismo antes de asumir la jefatura de Estado descartó esta posibilidad: “El que piensa que voy a llegar a la Casa Rosada para dar un indulto es un estúpido, yo descreo del indulto. Los presidentes no están para perdonar a nadie”, había dicho en campaña.
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