Avión retenido: fallo a favor de los tripulantes

La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata autorizó ayer la salida del país de 12 de los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní retenido en suelo argentino desde principios de junio pasado y que sigue bajo investigación por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

Además, según confirmaron fuentes judiciales, el juez del caso tiene un plazo de 10 días para resolver todo el caso. Esto es, concluir con “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas”.

A principios de agosto, el juez de primera instancia Federico Villena decidió levantar la prohibición de dejar el país y devolver los pasaportes a 12 de los 19 integrantes de la tripulación -5 iraníes y 14 venezolanos-, pero optó por retener a los otros 7, que sin embargo no están detenidos, sino permanecen alojados en un hotel en cercanías del aeropuerto internacional de Ezeiza.

Ese fallo fue apelado por la fiscal del caso, Cecilia Incardona, y la decisión del juez quedó en suspenso hasta que ayer se expidió el tribunal de alzada.

En concreto, Villena había autorizado a dejar Argentina al iraní Mahdi Mouseli y los venezolanos Victoria Valdiviezo Marval, Cornelio Trujillo Candor, Vicente Raga Tenias, José Ramírez Martínez, Zeus Rojas Velásquez, Jesús Landaeta Oraa, Armando Marcano Estreso, Ricardo Rendon Oropeza, Albert Gines Pérez, Ángel Marín Ovalles y Nelson Coello, y dispuso devolverles sus documentos de viaje.

Asimismo, estableció que los tripulantes liberados deberán fijar un domicilio y presentarse una vez por mes, ya sea en forma presencial o por correo electrónico, ante las embajadas de Argentina en Irán y Venezuela.

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En cambio, mantuvo la prohibición de salida del país del piloto Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi, y tres venezolanos: Víctor Pérez Gómez (gerente general de Operaciones), Mario Arraga Urdaneta, y el mecánico José Garcia Contreras. Sobre esos cinco, el juez sostuvo que hay indicios concretos. Sobre otros dos iraníes, Saeid Vali Zadeh y Mohammad Khosraviragh, Villena pidió que se queden en el país hasta que se termine la pericia sobre los teléfonos y las computadoras.

Más de tres meses retenido

El avión retenido en Argentina pertenece a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posibles vínculos con el terrorismo internacional.

La aeronave ingresó en Argentina el 6 de junio procedente de México, con escala en Venezuela, y dos días después despegó para ir a Uruguay a cargar combustible, pero aterrizó nuevamente en Argentina porque el país vecino no habilitó su aterrizaje.

Las petroleras argentinas no cargaron combustible al avión por temor a las sanciones de Estados Unidos y posteriormente, el 11 de junio, se difundió que el Gobierno argentino había ordenado la inmovilización del avión.

Unos días después, la Justicia ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de los tripulantes, que nunca fueron detenidos y hasta ahora han podido moverse con libertad. Ya en agosto, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó a Argentina que le permitiera confiscar la aeronave.

El caso, se recordará, generó un enorme revuelo y entidades como la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) encendieron luces de alarma aludiendo a los dos atentados terroristas que sufrió el país en la década de 1990 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina y contra la Embajada de Israel, hechos por los que la Justicia apunta al grupo muslmán Hezbolá y a miembros del entonces Gobierno iraní.

Por su parte, desde Juntos por el Cambio rápidamente salieron a cuestionar el accionar del Gobierno por haber permitido el ingreso del avión sancionado.

Mientras, tanto Irán como Venezuela reiteraron sus reclamos para que los tripulantes fueran liberados.

Ante cada cuestionamiento, el Gobierno argumentó que la liberación de los tripulantes y el avión no se trataba de una decisión política o diplomática, sino judicial.