El régimen de Nicaragua arremete duro y le saca la nacionalidad a los opositores

Un grupo de opositores al Gobierno de Nicaragua afectados por la quita de la nacionalidad consideraron hoy que ese país "dejó de ser una sociedad en la que se respeta la ley y la Constitución".

El director del diario 'Confidencial', Carlos Fernando Chamorro, uno de los damnificados que perdió su nacionalidad tras ser declarado "prófugo", aseguró que Nicaragua vive en "una dictadura familiar corrupta que pretende entronizarse en el poder".

"Nicaragua dejó de ser una sociedad en la que se respeta la ley y la Constitución, para imponer la ley de la venganza, el capricho y el odio contra los ciudadanos que aspiran a vivir en una sociedad libre", dijo Chamorro, según ha recogido su propio medio, citado por la agencia Europa Press.

En este sentido, aseguró que con estas acciones "demenciales" el Ejecutivo de Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, da a entender que en Nicaragua "nunca habrá paz" ni salidas económicas, estabilidad o futuro político.

"Ortega y Murillo están cavando su propia tumba al exhibir la enorme debilidad política de su régimen porque los castigos a perpetuidad son apenas una ilusión en la cúpula de la familia gobernante mientras todo el pueblo de Nicaragua sabe que el tiempo de la dictadura se está agotando", concluyó.

Por su parte, el abogado Gonzalo Carrión, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, quien se suma a los 222 nicaragüenses que perdieron su ciudadanía y fueron deportados la semana pasada, coincide en que el Gobierno es una "familia dinástica".

LE PUEDE INTERESAR

Amenaza nuclear: a un año de iniciada la guerra ¿vuelve el peligro?

LE PUEDE INTERESAR

Argentinos rescatan a tres sobrevivientes en Turquía

"No nos representan (...) son una familia dinástica, tiránica, obcecada en el poder, que el próximo abril cumple cinco años de sistemática persecución, de crímenes de lesa humanidad", indicó.

Carrión aseguró que el Gobierno no le notificó la apertura de un proceso en su contra. "A mí no me notificaron que abrieron un proceso para declararme traidor a la patria. Me declaran prófugo", explicó. También forma parte de esa lista Yader Morazán, también abogado y exfuncionario, sentenció que esta decisión es "totalmente arbitraria e ilegal" y "no tiene ningún tipo de fundamento".

Agregó que el artículo 20 de la Constitución afirma que ningún nicaragüense puede ser despojado de su nacionalidad.

La justicia de Nicaragua retiró la nacionalidad a los escritores y ex militantes sandinistas Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como a otras 92 personas, por considerarlos culpables de "traición a la patria".

Los ciudadanos, entre los que se encuentran periodistas, activistas, políticos, religiosos o defensores de Derechos Humanos, han sido declarados "prófugos de la Justicia" y les serán confiscados todos sus bienes y sociedades, que pasarán a estar en manos del Estado.

El listado también incluye al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez; la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez; los escritores Sergio Ramírez -también vicepresidente de Ortega entre 1985 y 1990- y Gioconda Belli; la ex guerrillera Mónica Baltodano o el ex ministro de Exteriores Norman Caldera.

La Unión Europea reclamó al Gobierno de Nicaragua que dé marcha atrás a esta medida, pues "constituye una violación de sus derechos fundamentales y es una violación del Derecho internacional", por lo que advirtió que estas acciones corren el riesgo de "profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua".