
Los jueces de la sala II de casación que intervendrán por el caso Báez Sosa: Mancini, Budiño y Kohan / Web
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Por ahora siguen alojados en una alcaidía penitenciaria de Melchor Romero, aunque se trata de un lugar de tránsito hasta que se defina en qué unidad o unidades serán ingresados. La trama de una decisión compleja
Los jueces de la sala II de casación que intervendrán por el caso Báez Sosa: Mancini, Budiño y Kohan / Web
¿Qué pasará con los ochos sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa? La pregunta está instalada desde que el Tribunal I de Dolores bajó el martillo e impuso cinco perpetuas y tres condenas de 15 años de prisión. Alojados de manera provisoria en la Alcaidía 3 de Melchor Romero, la Justicia aguarda que el Servicio Penitenciario bonaerense defina los cupos y las posibles plazas de alojamiento. En ese sentido, Sierra Chica, la Unidad 1 de Olmos o, cualquiera de las que hay en Campana, aparecen en el horizonte de Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli.
Se trata de una nueva realidad, hasta ahora desconocida para ellos, ya que desde el día del hecho hasta la actualidad, se han movido por lugares que nada tienen que ver con lo que sucede a diario en los penales de la Provincia.
Custodiados y, con un tratamiento particular, en cuanto a su alimentación y esparcimiento, la vida que llevaban -en poco tiempo más- será cuestión del pasado.
El tema trae polémica y también mucho ruido.
Se sabe de la existencia de videos y declaraciones, viralizadas desde distintos centros de detención a través de las redes sociales, que prometen una recepción acorde a la extensión del daño causado.
Ahora, ¿los mezclarán entre la población carcelaria a sabiendas de la existencia de esas amenazas? ¿Estarán todos juntos en una misma unidad penitenciaria? ¿Los llevarán lejos de sus familias? Más preguntas sin respuesta. Al menos por ahora.
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“Por el momento están en las mismas celdas que antes, nada cambió”, dijo una fuente de la pesquisa en relación a la Alcaidía 3, en 520 y 181, la misma en la que cumplieron la prisión preventiva hasta el inicio del juicio por el asesinato de Fernando.
Allí permanecieron aislados durante tres años, en cuatro celdas con capacidad para dos personas y alejados del resto de la población carcelaria, por cuestiones de seguridad.
Las fuentes consultadas aseguraron que ninguno de los ocho condenados habría pedido asistencia psicológica y que pasaron una noche normal.
“Tienen un buen comportamiento y un buen trato con el personal penitenciario que los controla. Son solidarios”, explicó un vocero, quien agregó que mañana recibirán visitas de sus familiares, como lo hacían antes del debate.
En general, se les permite la visita de dos familiares por detenido, que aprovechan para llevarles alimentos, ropa y libros o revistas, que son examinados en detalle para evitar que ingresen objetos no permitidos.
Los mismos informantes mencionaron que no se descarta que primero los ubiquen en pabellones de presos con buena conducta, de mucha edad y aquellos que estén por recuperar la libertad.
“Es para que se vayan adaptando”, argumentan desde la fuerza de control.
Según la página de la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Alcaidía III Melchor Romero tiene 11 pabellones (diez para hombre y uno para mujeres) con una capacidad aproximada de 300 plazas.
Mientras tanto, ya se hicieron las reservas de apelación para llegar al Tribunal de Casación, cuya Sala II, a cargo de los jueces Fernando Mancini, María Florencia Budiño y Mario Kohan, será la que intervenga en los distintos planteamientos y defina si recepta alguno para modificar el resolutorio original.
Fernando Burlando, representante del Particular Damnificado, los padres de Fernando, adelantó que apelará el fallo, porque considera que tres acusados “se vieron beneficiados” con una pena a 15 años y “deben tener una pena acorde a la que fue su actividad en el crimen, es perpetua para todos, como dije el primer día”.
Algo parecido plantearán los fiscales de juicio y, por la absolución o, una baja sustancia en la calificación legal del hecho, irá el defensor Hugo Tomei, si es que continúa al frente del cargo.
Semanas atrás, durante, la segunda jornada de los alegatos, Tomei había solicitado, primero, la nulidad de algunos procedimientos y, luego, la absolución de sus defendidos “por una cuestión técnica y procesal”.
También sostuvo que, en caso de no ser concedida, se tuviera en cuenta el homicidio simple con dolo eventual (de 8 a 25 años de prisión) y el homicidio preterintencional o el homicidio en riña (con un máximo de 6 años de encierro).
Sin embargo, ninguno de estos planteos fueron considerados por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y el platense Emiliano Lázzari.
En el camino de las impugnaciones, también se avisoran organismos internacionales, sobre todo por la situación de encierro prolongado, hasta 50 años, que pueden sufrir los condenados a perpetua.
Respecto al pedido de investigar por falso testimonio a Juan Pedro Guarino y T. I. C., el llamado el rugbier número 11 y menor de edad al momento del hecho, los fiscales se mostraron conformes con la resolución del Tribunal I de Dolores, que hizo lugar a su pedido.
”Entendemos que las dos personas, de acuerdo a cómo se ubicaban en el momento de los hechos, no pudieron no haber visto lo que ocurrió, como ellos manifestaron. Será remitido a la fiscalía de instrucción para que se investigue”, indicaron.
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