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Nicaragua disolvió ayer a la Cruz Roja Nicaragüense tras acusarla de violar la neutralidad en las protestas de 2018 y la sustituyó por un organismo adscripto al gobierno.
“Derógase el Decreto Legislativo número 357 del 29 de octubre de 1958, mediante el cual se creó la Asociación Cruz Roja Nicaragüense”, dice la resolución unánime de la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega.
La norma aprobada por el Parlamento ordena la creación de una nueva Cruz Roja Nicaragüense, que será un “ente autónomo descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio y duración indefinida”, adscripto al Ministerio de Salud.
Más de 2.000 organizaciones privadas han sido proscriptas en Nicaragua por cargos de violar las leyes, incluidas organizaciones gremiales de empresarios y universidades católicas. Un grupo de diputados oficialistas acusó a la Cruz Roja de transgredir las leyes sobre organismos sin fines de lucro y el principio de neutralidad de la organización humanitaria.
La Cruz Roja fue fundada en Ginebra en 1863 para proteger a las víctimas de conflictos armados.
El impulsor fue el banquero suizo Henri Dunant (1828-1910), ganador en 1901 del primer premio Nobel de la Paz.
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Las protestas de 2018 se extendieron por al menos tres meses en distintas zonas de Nicaragua, con cortes de rutas, así como choques entre manifestantes opositores y oficialistas que dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
La ira del gobierno izquierdista de Ortega contra la Cruz Roja se debe a que sus voluntarios atendieron a manifestantes opositores heridos en las protestas, según medios de oposición.
El gobierno consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Estados Unidos, mientras organismos internacionales acusaron al Ejecutivo de impulsar una represión contra la oposición.
“En los actos acontecidos en el 2018 [...], algunas filiales de esta asociación [Cruz Roja] actuaron en contra de estos principios y de su acta constitutiva y estatutos, y la asociación misma transgredió las leyes del país”, se lee en la exposición de motivos que fundamentan esta ley presentada por el gobierno.
“La [nueva] Cruz Roja Nicaragüense [...] continuará dando cumplimiento al marco jurídico internacional fundamentado en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales” (que protegen a las víctimas de conflictos armados), dijo el diputado Wilfredo Navarro al leer la ley ante el pleno legislativo.
“Todo el patrimonio, bienes y acciones que a la fecha pertenezcan a la Asociación Nacional llamada Cruz Roja Nicaragüense pasaran a ser propiedad del Estado y serán administrados por la [nueva] Cruz Roja Nicaragüense, ente descentralizado adscrito al ministerio de Salud”, agregó Navarro.
En el mundo hay 192 sociedades nacionales de la Cruz Roja (y de la Media Luna Roja, en naciones musulmanas), según la Federación Internacional que las agrupa.
En Ginebra está además la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC), fundado en 1863, cuya acción de protección a víctimas de conflictos armados se funda en los Convenios de 1949.
“Tenemos conocimiento sobre la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua respecto de la Cruz Roja Nicaragüense. Como es una situación en desarrollo que está siendo estudiada, por el momento, no podemos hacer comentarios”, dijo un escueto mensaje difundido por la oficina de comunicación de la delegación del CICR para México y América Central.
La vicepresidenta de Nicaragua y esposa de Ortega, Rosario Murillo, afirmó que la Cruz Roja es nicaragüense y continuará “cumpliendo con el marco jurídico internacional”.
“Hoy se actualiza [la legislación] haciendo que la Cruz Roja, que es nicaragüense, sea entidad descentralizada adscrita al ministerio de Salud y continúe de esta manera cumpliendo con el marco jurídico internacional”, expresó Murillo, quien es portavoz del gobierno, a medios oficialistas.
Aunque la ley que la regía era de 1958, la Cruz Roja Nicaragüense nació en 1931 y prestaba servicios de socorro en emergencias y accidentes.
Con 28 filiales en ciudades y pueblos del país, tenía unos 2.000 voluntarios y 63 ambulancias. También recaudaba sangre para hospitales y realizaba exámenes para la obtención de licencias de conducir.
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