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El arresto del presidente del Tribunal Supremo ucraniano por liderar una trama que cobró coimas de 2,5 millones de euros revela el alcance de la corrupción en el sistema judicial ucraniano, pero también prueba que Ucrania se toma en serio las reformas, según declararon ONG ucranianas.
La detención de Vsevolod Knyazev y del abogado que, según la Fiscalía Anticorrupción, lo ayudó a cobrar los sobornos a cambio de favorecer al menos a un oligarca con problemas judiciales, es una de las operaciones más ambiciosas de la historia reciente de Ucrania y desató reacciones diversas entre la ciudadanía y la sociedad civil.
Por una parte, la magnitud de este caso de corrupción al más alto nivel revela algo que ningún ucraniano ignoraba: la gravedad del problema de corrupción que el país arrastra desde que en 1991 declaró su independencia de la Unión Soviética.
Al mismo tiempo, este golpe a las prácticas mafiosas en la cúspide de uno de los tres poderes del Estado es, para algunos, una prueba de la voluntad de las autoridades de limpiar las instituciones, pese a los costos de imagen que tendrá levantar las alfombras cuando la guerra ha hecho de Ucrania el centro de atención del mundo.
“Esta operación es resultado directo del proceso de construcción de un sistema contra la corrupción sólido en el que está inmersa Ucrania”, dijo la portavoz del Centro contra la Corrupción, Valeriia Radchenko, que recuerda que los órganos especializados también han actuado recientemente contra otros altos funcionarios corruptos.
El beneficiado por los supuestos sobornos revelados sería, según medios ucranianos, el fugitivo de la justicia ucraniana Kostyantyn Zhevago, al que el Supremo habría ayudado a conservar la propiedad de una empresa de extracción y procesamiento de mineral de hierro que podría haber sido adquirida de forma ilegal.
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Sin embargo, tanto la Fiscalía como el Centro contra la Corrupción -una de las ONG más activas de Ucrania- temen que esta trama en la que habría implicados más jueces haya decidido también la suerte de otros casos, tanto en el Supremo como en instancias de menor rango.
En un comunicado, el Centro contra la Corrupción aludió a la sentencia favorable al oligarca ucraniano Rinet Ajmétov dictada en abril por el Supremo. La ONG también recordó que este mismo tribunal debe pronunciarse próximamente sobre la legalidad de la confiscación de los bienes en Ucrania de dos oligarcas rusos. “Los oligarcas rusos tienen mucho más dinero que Zhevago”, advirtió esta organización civil sobre el riesgo de que estos empresarios cercanos al Kremlin hayan comprado voluntades en el Supremo ucraniano.
Una decisión a su favor, advierte el Centro contra la Corrupción, “podría dar al traste con todas las confiscaciones de propiedades de (Vladímir) Putin en Ucrania”, ha dicho la ONG en referencia a los bienes que tienen en el país oligarcas asociados al presidente ruso.
El Centro contra la Corrupción ha destacado que la operación haya tenido lugar después de la designación a principios de año como nuevo fiscal anticorrupción del antiguo detective del NABU Oleksandr Klymenko.
“Para casos como este pedimos durante dos años que se nombrara a un independiente al frente de la Fiscalía Anticorrupción”, indicó la ONG sobre una exigencia que también hizo repetidamente la Unión Europea.
Tanto la portavoz del Centro contra la Corrupción como el encargado de relaciones internacionales de la fundación dedicada a promover la reforma de la justicia DEJURE, Néstor Barchuk, atribuyen la corrupción entre los magistrados a las deficiencias del proceso de selección de jueces utilizado en Ucrania hasta ahora.
“Un cuarto de los jueces del Supremo nombrados en 2017 recibieron evaluaciones negativas del órgano que representa a las oenegés”, dice Barchuk, que sin embargo se muestra optimista sobre la reforma en marcha que dará más peso a los expertos de la sociedad civil a la hora de elegir a los jueces.
La consolidación de instituciones judiciales y de órganos anticorrupción íntegros e independientes es, junto a la reforma del consejo que elige a los jueces, una de las principales condiciones de la UE para dar luz verde al comienzo de las negociaciones de acceso de Ucrania.
Operaciones como la de esta semana muestran lo mucho que le queda por hacer a Kiev para conseguir unos estándares aceptables para Bruselas en este campo. Para muchos observadores, también deja claro que ya lo está haciendo. (EFE)
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