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Fue después que el fiscal Marijuan no presentara cargos contra la vicepresidenta, ni tampoco la UIF y la AFIP
Cristina Kirchner en una de sus salidas de los tribunales/archivo
Finalmente, la justicia federal sobreseyó a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “La ruta del dinero”, que investigaba si durante su gobierno participó de operaciones de lavado de dinero atribuidas al empresario santacruceño Lázaro Báez, que si fue condenado.
El juez federal Sebastián Casanello tomó la decisión de finalizar el proceso contra la vicepresidenta luego de que días atrás las querellas de la Unidad de Información Financiera y la Administración Federal de Ingresos Públicos se pronunciaron en ese sentido tras coincidir con la fiscalía en la falta de pruebas.
Con esta medida -y teniendo en cuenta que el fiscal del caso y los organismos estatales querellantes no apelarán- la acusación quedó. Sin embargo, la exmandataria continúa siendo investigada en otras causas judiciales por distintos delitos.
Cristina fue condenada en diciembre a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado durante su mandato (2007-2105). El fallo fue apelado por la vicepresidenta y su resolución quedaría en manos de la Corte Suprema en un plazo que se desconoce.
El juez Casanello señaló que “frente a la solicitud del acusador y titular de la acción penal de sobreseer -acompañada por el resto de las agencias estatales- la tarea del juez se encuentra acotada a examinar los requisitos de razonabilidad y legalidad de la petición, que en el presente caso se hallan satisfechos”. A su vez consideró que no puede ir más allá de lo que dispone la parte acusadora.
A partir de esa información -acotó el magistrado en su resolución- el fiscal pudo confirmar una reunión de fines de 2010 en la residencia presidencial donde el empresario Lázaro Báez, “al ser interrogado por la entonces presidenta, niega y oculta la expatriación ilegal de capitales que para ese entonces venía realizando”.
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Báez, allegado a los Kirchner en Santa Cruz y empresario del sector de la construcción, fue condenado en 2021 a 10 años de cárcel por lavar millones de dólares obtenidos de forma ilegal.
La provincia sureña, donde el empresario tenía sus operaciones y Fernández de Kirchner aún posee propiedades, fue escenario de distintos allanamientos en medio de la pesquisa.
La investigación a la exmandataria era un tramo de la causa que tenía a Báez como principal acusado. En un principio ella no estaba entre los investigados pero en 2016 fue imputada por el fiscal Marijuan, quien se basó para ello en la declaración como arrepentido de un financista.
Sin embargo, el fiscal señaló a fines de mayo que no había conseguido pruebas suficientes para sustentar la acusación inicial y que los múltiples contactos entre la exmandataria y Báez no la hacían responsable de hechos de lavado de dinero.
Báez recibió una sentencia de seis años de prisión en el mismo juicio en el que la vicepresidenta fue condenada, por resultar beneficiado de forma irregular con la adjudicación de 51 obras públicas con fondos nacionales en Santa Cruz.
Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina, confirmó que el juez Casanello tomó la decisión después de que el fiscal del caso, Guillermo Marijuan, pidiera a finales de mayo que la también expresidenta dejara de ser investigada.
“Cristina es inocente, tal como lo vengo diciendo desde hace más de 7 años, de todas y cada una de las causas (en las que se le acusa)”, expresó Dalbón, que criticó los “años y años de programas de televisión, de barbaridades, de circunstancias que lo único que hicieron fue socavar la figura pública de Cristina”.
La “ruta del dinero K” comenzó a investigarse en 2013, todavía con Cristina como presidenta, aunque el impulso definitivo de la causa llegó en 2016, después de que el programa de televisión de Jorge Lanata difundiera imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo de Lázaro, contando grandes sumas de dinero en una financiera de Buenos Aires.
Báez, que fue detenido en medio de un gran operativo mediático en 2016 y que está en arresto domiciliario, defendió su inocencia y afirmó ser “víctima” de una campaña orquestada por el Gobierno de Mauricio Macri.
“La ruta del dinero K” comenzó a investigarse en 2013, todavía con Cristina como presidenta
“Recordemos que (funcionarios como Marijuan) se fueron al sur con una retroexcavadora a levantar tierra porque pensaban que ahí estaba el dinero. Recordemos que Patricia Bullrich (ministra de seguridad de Macri) decía que había containers llenos de dinero, que el dinero se pudría como Pablo Escobar Gaviria”, remarcó ayer Dalbón, muy crítico, de todos modos, con la labor del fiscal.
La vicepresidenta, que en diciembre pasado fue condenada por primera vez por corrupción -en otra causa, por irregularidades en la concesión de obras a firmas de Báez cuando era mandataria-, insiste con que es víctima de una persecución judicial destinada a proscribirla políticamente y para favorecer a la oposición.
Si bien el fiscal Marijuan había llegado a imputar a Fernández, en noviembre de 2018 el juez Casanello ya había dictado la “falta de mérito” de la expresidenta al no tener pruebas suficientes. Pero la Cámara federal le ordenó volver a investigar.
Mientras, Casanello ha rechazado la petición de una ONG que pretendía ser acusación porque el fiscal no pudo asumir la hipótesis de que Fernández había “participado de las operaciones de lavado de dinero atribuidas en esta causa a Lázaro Báez y su entorno”.
A los hijos de Lázaro Báez también se les han modificado las condenas: Martín deberá cumplir seis años y medio, por debajo de los nueve iniciales, y Leandro ha visto rebajada su pena de cinco a tres años de prisión. Las hijas del empresario, Luciana y Melina, han sido absueltas.
La investigación era un tramo de la causa que tenía a Lázaro Báez como principal acusado
Respecto al resto de los imputados por “La ruta del Dinero K”, Casación ha confirmado seis años de prisión para Jorge Óscar Chueco y Rodolfo Daniel Pérez Gadín; cinco para Julio Enrique Mendoza; tres años y seis meses para Jorge Leonardo Fariña; cuatro años y seis meses para Juan Alberto De Rasis, César Gustavo Fernández, Fabián Virgilio Rossi y Eduardo Guillermo Castro.
Además, ha dictado tres años de ejecución de sentencia en suspenso para Federico Elaskar, Claudio Fernando Bustos, Alejandro Ons Costa y Martín Andrés Eraso y dos años y seis meses para Walter Feliciano Zanzot. También se han ratificado las sentencias de tres años y medio de prisión para Carlos Juan Molinari y dos años de cárcel para Daniel Alejandro Bryn por ser autores de lavado de activos.
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