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Acusado por graves delitos, varios tribunales apilan los expedientes donde aparece como imputado. Sin embargo, a los 38 años, gozaba de una prisión morigerada. Hay polémica, ya que en ese lapso sumó dos nuevas detenciones
Personal del grupo UTOI en uno de los allanamientos en Ringuelet ordenados por la Justicia / captura de video
El nombre de Marcelo Ismael “Tete” Arévalo está en boca de todos. Su historial es muy conocido en la Ciudad, sobre todo para quienes transitan por los pasillos de las fiscalías y tribunales penales, donde se acumulan las causas que lo tienen como imputado.
Increíblemente, a pesar de esos antecedentes y sus 38 años de edad, gozaba de una prisión domiciliaria desde septiembre de 2022.
El Tribunal Oral en lo Criminal IV, a través del juez Emir Caputo Tártara, es el que apareció firmando la morigeración de las condiciones de detención que sufría Arévalo, en uno de los tantos expedientes en los que estaba mencionado. Sin embargo, según un vocero judicial, “la orden vino de más arriba y no tuvo otro remedio que ponerle el gancho”. Y explicó los por qué.
“El Tribunal IV siempre rechazó los pedidos de la defensa de Arévalo. Obviamente la domiciliaria también, pero una vez efectivizada esa medida, no le autorizó ningún tipo de salida de la casa. Ni laboral, ni para hacerse un DNI nuevo, ni para reconocer a un hijo, ni para una consulta médica con un certificado predatado”, mencionó.
Ante esa situación, el informante destacó que “el órgano de contralor superior del Tribunal IV, en este caso la Sala I de la Cámara Penal, lo advirtió incluso por haber detentado esa postura, que entendía rayana al conculcamiento de derechos”.
Volviendo hacia atrás en el tiempo, cabe recordar que en agosto de 2020, en plena pandemia por el coronavirus, tras haber pasado siete meses en calidad de prófugo, el “Tete” se presentó en la comisaría primera de La Plata y, al entrar al hall central, exclamó: “Me dijeron que me estaban buscando”.
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A partir de ese momento, el expediente judicial comenzó un intrincado recorrido, con dos denegatorias de parte del Tribunal IV a la domiciliaria y sendos planteos de hábeas corpus por parte de la defensa de Arévalo, que encontraron favorable acogida.
Fue el 4 de marzo del año pasado que, con la firma de los camaristas Raúl Dalto y Miriam Ermilli, se ordenó la concesión de la morigeración de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. Los fundamentos fueron “que el procesado poseía arraigo y contención familiar” y “el efecto positivo que tuvo el aspecto pericial en el plano socio-ambiental y psiquiátrico”.
También se hizo mención a los estándares que impuso “el fallo Verbitsky”, en el sentido de recomendar mecanismos alternativos a la detención efectiva en un establecimiento carcelario, siempre que esté asegurado el objeto del proceso, algo que, al menos en este caso, parecía no ser tan claro.
De todas maneras, por ese resolutorio, que había contado con un dictamen fiscal favorable, el Ministerio Público decidió cambiar de representante y acudir en queja a Casación, que rechazó el planteo por inadmisible, ya que esa instancia no sería la vía adecuada para resolver cuestiones de esa naturaleza.
Entonces, la defensa de Arévalo movió sus fichas y entraron a tallar otros dos hábeas corpus. Uno en Casación y otro en la Sala I de la Cámara Penal, que volvió a intimar al Tribunal IV -que se mantenía en su postura de no conceder la domiciliaria por la ausencia de un doble conforme- para que cumpla con la orden que le había impartido.
La morigeración se hizo efectiva en septiembre de 2022.
Como este diario mencionó en una edición anterior, un reciente informe del Servicio Penitenciario bonaerense, fechado el 28 de agosto, advirtió de una serie de irregularidades en el cumplimiento de la domiciliaria y recomendó que sea revocada.
La nota mencionaba cinco presuntas salidas de la vivienda sin autorización por parte de Arévalo y hasta dos cortes o apertura de la tobillera electrónica.
También “256 llamadas” a su casa, que nunca respondió. Fue entre el 22 de septiembre de 2022 y el 26 de agosto de este año.
En medio de tanta polémica, estando bajo ese régimen, Arévalo -que firmó un abreviado de 3 años y 10 meses de cárcel- y está a la espera de su convalidación- sumó dos nuevas detenciones, que se hicieron efectivas. Una por pedido de la fiscal Cecilia Corfield y otra por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic.
La pregunta que aquí se impone, de sentido común, es cómo pudo cometer Arévalo nuevos delitos, si no podía salir del inmueble, en el que estaba siendo monitoreado las 24 horas, los siete días de la semana.
Germán Oviedo, nuevo abogado de Arévalo, ensayó una respuesta: “No los cometió, estaba en su casa”.
El letrado rechazó además la prueba que vincula a su defendido con un robo cometido en perjuicio de una jubilada, a la que le balearon el perro y le pegaron con el caño de una escopeta en la frente.
“Lo reconoció un policía por la voz. Es poco como elemento de cargo”, expresó.
Cabe destacar que en las últimas horas allanaron la finca de Arévalo y la de su madre, donde hallaron 52 cámaras de vigilancia interna. En el primer caso 16 y en el otro, 36.
Por último, aunque no tuvo efectos prácticos por la detención que padece Arévalo en la actualidad, otra sala de la Cámara (la 4), el miércoles último, le revocó finalmente la domiciliaria. Hoy lo indagan.
La casa de Arévalo tiene 16 cámaras de vigilancia y la de su madre, 36. Más que una entidad bancaria
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