Tras el acuerdo con el FMI: cómo es la hoja de ruta del Gobierno

Tras el acuerdo al que arribaron el Gobierno con las autoridades del FMI para liberar nuevos desembolsos que permitan pagarle deuda al propio organismo de crédito, ahora es el turno de los técnicos del Fondo Monetario Internacional de elaborar el informe final sobre el estado de la economía argentina, el incumplimiento de las metas en 2023 y el trazado de los nuevos objetivos para 2024, documento que luego irá a manos del directorio del Fondo para su aprobación.

Si este circuito corre por los carriles habituales, el gobierno de Javier Milei recibirá el desembolso de U$S4.700 millones desde Washington.

Los U$S4.700 millones están compuestos por U$S3.300 millones pendientes del último desembolso del 2023 ante los incumplimientos de las metas de septiembre durante el gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa en el Ministerio de Economía; a lo que se suman unos 800 millones de DEG adicionales adelantados de marzo y una porción menor de los que corresponden a junio y septiembre. Con ese dinero le alcanzará al Ejecutivo para cumplir con las obligaciones de pago al FMI hasta abril.

El acuerdo con el FMI debería despejar el camino hasta mayo, cuando tendrá lugar la octava revisión de metas del programa, que examinará los objetivos de fines de marzo.

Será el propio gobierno el que lleve la iniciativa del ajuste del gasto público, dado que es visto como una de las anclas de la inflación a mediano plazo. Así lo dejaron en claro el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, durante en las sucesivas reuniones que mantuvieron con el personal del Fondo encabezada por Luis Cubeddu.

Milei autorizó que la meta fiscal para este año sea de un superávit primario del 2% del PBI y sin ninguna forma de financiamiento de mercado. Si bien aún no se conoce el dato concreto, se estima que el INDEC oficializará que el déficit primario terminará cerca del 3%. El punto de partida para el recorte del gasto es significativo y terminará por afectar los fondos y programas que antes tenían áreas del gobierno.

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“La racionalización del gasto se sustentará en reducciones de los costos administrativos, subsidios a la energía y el transporte, transferencias discrecionales a provincias y empresas estatales, y gasto en infraestructura de menor prioridad”, indicó el staff del FMI en comunicado que detalló las condiciones de la revisión del acuerdo.

El FMI consideró que el ala fiscal del programa de Caputo y Milei es el “ancla” del plan, al que consideró “ambicioso” y sobre el que, afirmó, espera que esté sostenido en apoyo político en el Congreso.

El Gobierno asegura que el FMI abrió la puerta para rediscutir un programa nuevo desde cero, pero la urgencia por conseguir un puente de tiempo con vencimientos de deuda cubiertos hizo descartar esa alternativa porque hubiera demorado el trámite, al requerir apoyo del Congreso.

La administración Milei dio un primer paso al dar de baja a unos siete mil empleados que ingresaron a la planta pública a partir del primero de enero de 2023. La negativa por renovar estos contratos abarcó al Ejecutivo y entes públicos determinados como la ANSES, el PAMI y la AFIP.

El recorte podría profundizarse debido a que hay otros 45 mil empleados que están en revisión por los siguientes 90 días. Una muestra de ello es lo que sucedió en Aerolíneas Argentinas, lugar en el cual se redujo el 43% de la planta gerencial.

La meta de reservas del BCRA, una de las más relevantes del acuerdo, es acumular U$S10.000 millones, lo que implicaría llegar a fin del 2024 con saldo neto neutro o levemente positivo, ya que el punto de partida al inicio del gobierno de Javier Milei fue de más de U$S11.000 millones negativas. De esos U$S10.000 millones, en diciembre el Banco Central acumuló U$S2.700 millones, según Infobae.

Será el propio gobierno de Milei el que lleve la iniciativa del ajuste del gasto público