Bullrich pidió expulsar del país a los extranjeros que delinquen

En medio de la conmoción por la trágica toma de tierras en un predio de La Matanza, que dejó un saldo de cinco muertos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó ayer que la Justicia expulse del país a los extranjeros no residentes que cometan delitos. Se trata de una política que ya ensayó durante el gobierno de Mauricio Macri, a través del decreto 70/2017 que permitía “agilizar la expulsión de los extranjeros que cometen delitos” y que después derogó Alberto Fernández.

“En caso de haber personas que usurpan terrenos, que son extranjeros y que no tienen domicilio permanente en la Argentina, la Justicia debería proceder a echarlos del país de manera inmediata”, exigió ahora la funcionaria en una entrevista radial e insistió: “El que viene a usurpar, a matar, debe ser expulsado a menos que haya nacido en Argentina o tenga una residencia permanente. Esa es una medida correctiva que hay que hacer de manera inmediata”.

Además, Bullrich se sumó a las críticas que el gobierno nacional le viene dedicando a la gestión de Axel Kicillof, al señalar que “la permisividad permanente que existe en la Provincia respecto a las usurpaciones generan un clima en el que las personas creen que pueden tomar un terreno sin consecuencias. Es un tema que viene sucediendo hace tiempo y es absolutamente contrario a lo que pensamos. Creemos que hay que tomar decisiones urgentes respecto de los desalojos”.

Para la ministra, lo que ocurre en La Matanza “es un caso especialísimo” porque, denunció, hay “connivencia entre punteros que se convierten en narcotraficantes, y también hay políticos que lucran con esto”.

En este contexto, la excandidata presidencial aseguró que con la Provincia están terminando de acordar la participación de las fuerzas federales de seguridad. Aunque advirtió que “una cosa es el rol de la Policía y otra es la permisividad respecto a la usurpación”. En ese sentido, completó: “El hecho es que las usurpaciones no son inmediatamente evacuadas para que la tierra se recupere y todos los argentinos estén en igualdad ante la ley. En eso tenemos una diferencia muy fuerte con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en especial en La Matanza, que permiten que se tomen tierras y no actúan de manera inmediat. Tierra que se usurpa, tierra que se desaloja, esa es nuestra consigna y estamos para ayudar a la provincia de Buenos Aires en lo que nos pidan. La tierra no se usurpa, esa es la consigna de nuestro gobierno y la vamos a llevar adelante”.

Una idea que crece

La idea de expulsar extranjeros viene creciendo con fuerza en el Gobierno. Ya la semana pasada el ministro del Interior, Guillermo Francos sostuvo a través de sus redes sociales que “los extranjeros que cometan ilícitos deben cumplir con la pena y luego ser expulsados del país con prohibición de reingreso”.

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El funcionario, además, agregó que el Gobierno está “extremando los recaudos para evitar el ingreso a la Argentina de extranjeros con antecedentes criminales”.

En la misma sintonía, el gobierno porteño salió a reclamar que se acelere la expulsión de los extranjeros que delinquen y que, para eso, se reponga el decreto 70/2017 que firmó Macri cuando Bullrich también estaba al frente de la cartera de Seguridad (ver aparte).

“Vamos a trabajar para restituir el decreto 70/2017 de Migraciones que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros que delinquen en nuestros país. Es con orden”, anticipó al respecto el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Waldo Woff. Lo hizo tras publicar en su cuenta de la red social X una serie de datos que muestran la participación de extranjeros en hechos delictivos ocurridos en territorio porteño.

Según Wolff, el año pasado se registraron “más de 4.000 delitos, entre robos, hurtos, narcotráfico y violencia de género, a manos de extranjeros (sin nacionalidad regularizada)” y agregó que “el 37% de los homicidios los cometieron ciudadanos de otros países que no llegaron ni a trabajar ni a estudiar, sino a intentar quebrar el orden”.

El funcionario aseguró también que hay 200 detenidos de distintas nacionalidades en comisarías de la ciudad de Buenos Aires y afirmó que, sólo en la última semana, “fueron arrestados ocho delincuentes en tres operativos diferentes”.

Basado en esas cifras, pidió por la restitución del Decreto 70 con el que el gobierno de Cambiemos modificó la Ley de Migraciones. Amparándose en la definición de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio especial sumarísimo” para negar el ingreso y expulsar a delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

Pero cuatro años después la medida fue derogada por el Gobierno de Alberto Fernández, argumentando que el DNU de Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones “que resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.