La denuncia contra el ex intendente platense Julio Garro, bajo la caratula de "abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público", donde se acusa por presuntos vínculos entre la gestión y desarrolladores inmobiliarios, será investigado por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, quien está a cargo la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 16 de La Plata.
Así se conoció luego de que la presidente del Colegio de Abogados y actual secretaria de Justicia de la Municipalidad de La Plata, Mariana Mongiardino, ratificó formalmente los cargos señalados. En la denuncia plantea que el jefe comunal entre 2015 y 2023 autorizó desarrollos inmobiliarios sin las autorizaciones legales correspondientes, lo que representaría un perjuicio económico de alrededor de 1.500 millones.
Se trata de una “denuncia penal contra los funcionarios públicos del Departamento Ejecutivo Municipal de la gestión extendida desde el 10 de diciembre de 2015 al 10 de diciembre de 2023 por los posibles delitos de Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 del Código Penal argentino), al cometer una serie de irregularidades gravísimas desobedeciendo la orden expresa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de no autorizar urbanizaciones sin la obligatoria convalidación legal y técnica prescripta por la normativa vigente (cfr. art. 83, Decreto Ley 8912/77). Normativa no cumplida por el ejecutivo municipal anterior, permitiendo urbanizaciones ilegales sin cumplir con las leyes provinciales, y perjudicando tanto al erario público como a los habitantes de la ciudad”.
En el escrito judicial aseguraron que la presunta maniobra de la que acusan a la gestión de Garro “permitió y promocionó una cantidad desproporcionada de barrios cerrados que bajo un manto de legalidad constituían, sin lugar a dudas, un claro delito de estafa por parte de los desarrolladores al comercializar loteos que no contaban con la aprobación legal correspondiente, pero que aun así eran promocionados con el aval del gobierno local”.
Tal como informó este diario el pasado 10 de octubre, en medio del conflicto legal que representaba la falta de autorización por parte de la Provincia de urbanizaciones que se desarrollaron durante la gestión municipal anterior, el intendente Julio Alak decidió suspender hasta febrero la ejecución de obras de construcción en más de 400 nuevos barrios, muchos de ellos cerrados, de la Ciudad.
La medida fue plasmada en un decreto que el jefe comunal firmó, afectando, al menos, unos 1.200 expedientes que se habían tramitado para edificaciones en estas nuevas urbanizaciones. Además, cerró el grifo para la presentación de nuevas solicitudes en estos barrios por el mismo período de tiempo: 180 días.
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