Luego de que la semana pasada se oficializara la lista de aspirantes inscriptos para la elección del Defensor Ciudadano de La Plata y su Adjunto, se espera que esta semana, vencido el plazo de impugnaciones, comience el análisis de antecedentes de los 62 postulantes.
La tarea, a cargo de la comisión de Enlace del Concejo Deliberante, inaugura una etapa de pujas y polémicas en la oposición, dado que se trata de dos cargos que, por tradición y naturaleza, estuvieron vinculados a sectores opositores.
En ese contexto, este fin de semana se conocieron impugnaciones presentadas sobre 10 de los aspirantes, por su manifiesta actividad política partidaria, lo que indicaría una objeción a los requisitos establecidos por la ordenanza, que apunta a la imparcialidad que debe tener el ómbudsman. El autor de la presentación fue el dirigente social Adrián Morales, quien objetó a los dirigentes radicales Luciana Bartoli, Fernando Gando, Guillermo Anderson, Agustín González, Federico Gómez y Carlos Gómez.
Y también lo hizo sobre el exconcejal del PRO Federico Molla, el dirigente asociado al partido amarillo Héctor Tassino y la exfuncionaria de Julio Garro, Rosario Castagnet.
Morales también impugnó a los peronistas Matilde Comercio y Jorge Campostrini, este último, exjefe de la Policía Local.
En tanto, ayer a la mañana la vicepresidenta de la UCR La Plata, Luciana Bártoli, anunciaba en su cuenta de X que solicitará licencia en su cargo partidario formal, para participar en el proceso de selección del nuevo Defensor.
Con los requisitos de figurar en el padrón local, tener más de 25 años y no realizar actividades partidarias o incompatibles durante el ejercicio del cargo, el futuro Defensor platense y su Adjunto se desempeñarán en su función durante los próximos cuatro años.
Como viene publicando EL DIA, se espera que la comisión de Enlace elabore una terna que propondrá al recinto para su votación el próximo viernes 27.
PIDEN CAMBIOS EN LA ORDENANZA
En tanto, el excandidato a intendente de la agrupación Vecinos Unidos Mariano Penas reclamó ayer que el Defensor “sea electo por voto popular directo” para “mantener por fuera de las tensiones partidarias la designación de una figura que debe estar a cargo de velar por los derechos de los vecinos de la manera más imparcial posible”.
La idea había sido impulsada en 2022 por el dirigente de ese mismo espacio Pablo Pérez, autor de un proyecto de ordenanza para cambiar la elección a través del Concejo por la elección directa de los vecinos en los comicios legislativos.
“No sólo nos preocupa la forma de elección”, dijo Pérez ayer en diálogo con EL DIA. También vemos que el presupuesto de la Defensoría es a discreción del Intendente, restándole autonomía, y que la remoción del ómbudsman es por mayoría simple del Concejo Deliberante, cuando debería ser de dos tercios, para evitar arbitrariedades del oficialismo y la política”.
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