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Las 41 empresas de medicina prepaga ofrecieron devolver lo cobrado de más a sus afiliados en un plazo de 12 cuotas durante la audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado Civil y Comercial Federal N°3 a cargo del juez Juan Rafael Stinco. De esta manera se devolvería a los afiliados un monto equivalente al 24% de la cuota de julio, en el plazo de un año. Los importes para reintegrar, según la iniciativa, tendrían una actualización de acuerdo con el índice de costos de la salud.
Además, las empresas habrían propuesto que en el tercer trimestre del año los precios de los planes de salud se ajusten al 95% de la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec del mes previo, para luego a partir de octubre liberar la tarifa como establecía el DNU 70/2024.
La secretaría de Industria y Comercio, y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), no estarían de acuerdo con esta forma de devolución y la negociación se empantana, por lo que la audiencia seguía activa.
Adicionalmente, las prepagas que atraviesan la denuncia por cartelización, estarían solicitando que la investigación que lleva a cabo la secretaria de Industria y Comercio mediante la oficina de Defensa de la Competencia quede inactiva.
La cantidad de dinero a devolver variará según la prepaga, ya que dependerá del excedente que hayan cobrado entre diciembre y abril por encima de la inflación acumulada en ese período.
En ese sentido, el planteo de las empresas se basa en una devolución de 12 cuotas, ajustadas por el "Índice de costos de Salud" y junto con el Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (Ripte), el tope previsto en el artículo 1º del Decreto Nº743/22 y el valor correspondiente a 6 salarios mínimos, vitales y móviles, conforme con lo establecido en el Decreto 743/2022 y la Resolución 2577/2022 de la cartera sanitaria.
También, las empresas acercaron su propuesta de generar un mecanismo para la indexación de los próximos meses, que según el amparo presentado por la Superintendencia y la decisión de la Secretaría de Comercio, tenía que regirse por el índice de precios al consumidor (IPC) del Indec.
El mes pasado, en medio de la puja por los fuertes aumentos, desde la Casa Rosada lanzaron un duro comunicado donde aseguraron que fue “un abuso” hacia los afiliados.
En primer término, aseguraron que la gestión libertaria tiene un mandato claro, que es “promover la libre competencia en los distintos mercados. El objetivo es que haya más y mejor oferta, y de esta manera, los ciudadanos puedan acceder a mejores bienes y servicios a un menor precio”.
En otro pasaje del comunicado, sostuvieron: “El Gobierno no va a permitir el abuso. Nuestra prioridad es dar la mayor libertad al sector privado después de muchos años de un supuesto Estado presente, que no hizo más que generar gasto ineficiente en perjuicio de todos los argentinos y dejar el sistema de salud prácticamente quebrado”.
Las prestadoras citadas para la audiencia con el juez son OSDE, Swiss Medical S.A., Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científico, Omint S.A. de Servicios, Galeno Argentina, Medifé, Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, Obra Social de Dirección de Sanidad Luis Pasteur, Medicina Prepaga Hominis, Medicina Esencial, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, UPCN, Mutual Federada 25 de junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud Cooperativa de Prestación de Servicios Médicos Asistenciales Ltda., Sancor, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud, MET Córdoba, Hospital Alemán Asociación Civil, Grupo DDM, Asociación Hospital Británico de Buenos Aires, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas y Círculo Médico de Lomas de Zamora. A estas hay que sumarles las 18 que agregó el juez: International Health Services Argentina S.A., Obra Social YPF, OPDEA, Osdepym, Fundación Médica de Mar del Plata, Ensalud, Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, Cobensil, Medin S.A.S.M.A., Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud, Medical’s Organización de Prestaciones Médicas Privadas, Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo, Femedica, Asistencia Sanitaria Integra, Bristol Medicine, Asociación Civil de Estudios Superiores, y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires.
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