La pelea por el déficit: cómo sigue en el Congreso

“Parte de la oposición está con un solo objetivo que es voltear a este gobierno. Para un buen sector de la política, por suerte no para todos, la política es un negocio”, lo dijo anoche el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntando a los diputados de la oposición que le diario media sanción al cambio de fórmula para calcular los aumentos a los jubilados nacionales. Pero del otro lado, intentarán avanzar con nuevos proyectos que apuntan a más fondos del Estado, sobre todo en educación.

En el reciente Foro Internacional de las Américas, Javier Milei amenazó que cualquier iniciativa opositora que venga a “romper la caja” fiscal quedará a tiro de veto. Y, por si quedaban dudas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, redobló la apuesta al asegurar que si el Congreso, después de un hipotético veto, insiste con la ley de movilidad jubilatoria habrá recortes masivos en otras áreas.

El déficit primario cero es el preciado tesoro que el Gobierno protege con tenacidad y obstinación.

En la Cámara de Diputados, Milei se apoya en el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, quien tras su reconciliación con el mandatario se convirtió en el hombre clave de La Libertad Avanza en el Congreso.

Tiene una tarea central: pisar los proyectos de la oposición que supongan un gasto incompatible con los objetivos del Gobierno, o por lo menos retardar su trámite lo más posible.

Así lo hizo al demorar sistemáticamente la convocatoria a su comisión para poner en vista los expedientes vinculados a la movilidad jubilatoria, presupuesto universitario y restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.

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La movida opositora

El mecanismo reglamentario de emplazamiento a las comisiones para dictaminar, sin embargo, fue el arma que utilizó la oposición para contrarrestar la estrategia dilatoria de Espert. Fue a través del emplazamiento que la oposición pudo forzar el tratamiento de los proyectos para actualizar los haberes de los jubilados de la Anses. El costo fiscal de esta iniciativa es del 0,43% del PBI.

La insistencia opositora, en medio de las negociaciones por la Ley Bases, generó una olla a presión y el Gobierno no tuvo más remedio que ceder sacando un decreto de necesidad y urgencia que contempla una recomposición parcial de los haberes, tomando el índice de inflación como parámetro.

La fórmula del Gobierno fue considerada demasiado mezquina por la oposición, que tramó una jugada conjunta en Diputados para al menos restituirle a los jubilados lo perdido en enero pasado, uno de los meses de mayor disparada de precios de los últimos tiempos.

A su vez, esta fórmula opositora prevé un aumento adicional en marzo de cada año en caso de que los salarios vayan por delante de la inflación.

Primer desafío

Más allá de sus características, la media sanción de la oposición es el primer desafío concreto que le plantea al Gobierno.

Hasta ahora, el oficialismo había logrado aislar a Unión por la Patria, que quedó como la única oposición real junto a la izquierda. Y lo hizo mediante una estrategia de seducción que lograba contener de su lado a los bloques dialoguistas.

Pero la iniciativa de movilidad jubilatoria pone en crisis la idea de que los bloques moderados son incondicionales al Gobierno. “El Presidente ha demostrado de sobremanera la voluntad de cooperar con la dirigencia política recurriendo al Congreso de la Nación en búsqueda de las herramientas necesarias para salir de la crisis, y proponiendo el Pacto de Mayo para acordar Políticas de Estado con todos los actores de la vida económica y social de la Argentina”, publicó el miércoles la Oficina del Presidente en un comunicado, tras la media sanción opositora en Diputados.

La oposición presiona con el incentivo docente y los fondos para universidades

La crítica más dura de la Casa Rosada hacia la oposición vino en el párrafo siguiente: “Al día de hoy esa buena voluntad no ha sido recíproca por parte de la mayoría de la dirigencia. Han dilatado el tratamiento de la Ley Bases, han agredido sistemáticamente al gobierno nacional, y todas las semanas proponen una nueva agenda legislativa dedicada a entorpecer el programa económico de este gobierno”.

Esa “agenda legislativa” opositora que tanto le preocupa a Milei tiene que ver con proyectos que ya tienen dictamen, como la actualización bimestral automática de las partidas para universidades públicas y la restitución del FONID que el Gobierno le escamoteó a las provincias desde marzo de este año.

Según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), este proyecto para devolverle a las provincias fondos orientados a corregir las asimetrías salariales, generará para 2024 “un gasto de $1.294.770 millones, equivalente al 0,21% del PBI si se reconoce la inflación acumulada en el ultimo trimestre de 2023 y de 0,16% del PIB si se considera solo la inflación 2024”.

Si bien la UCR tiene un proyecto propio para la reposición y ajuste bimestral del FONID, similar al de otros bloques opositores, no queda claro que vaya a presionar en el corto plazo con llevar esta iniciativa al recinto. Después de haberle asestado un sonoro revés al Gobierno, ahora estarían más inclinados a no complicar su relación con el Gobierno mientras continúan los tironeos por el texto de la Ley Bases en el Senado. Tampoco buscan desperfilarse ni pagar un costo político con un electorado que le pide no acercarse al kirchnerismo y mantener el equilibrio.

Unión por la Patria, por su parte, intentó infructuosamente que tanto el proyecto de financiamiento universitario como la vuelta del FONID se trataran en la sesión en que se aprobó la movilidad jubilatoria.