Un paso necesario para abordar la cuestión de los menores y el delito

La noticia publicada en este diario, acerca de que los ministros de Seguridad y de Justicia de la Nación presentaron el proyecto del oficialismo para un nuevo régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad de los menores a 13 años, por lo pronto, va en concordancia con la obligación del Estado de abordar la candente cuestión que plantea la creciente intervención de menores en los delitos penales.

El texto de la iniciativa ya fue enviado al Congreso y la titular de Seguridad dijo que “venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad. Nuestra sociedad no quiere tener impunidad. No quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”.

En un comunicado oficial de Seguridad se señaló que “las consecuencias de años de zaffaronismo, sumado al desastre educativo y a la mentira del Estado presente, sentaron las bases para el crecimiento de nuevas formas de delito, entre ellas el reclutamiento de menores de edad para la comisión de crímenes por los que actualmente no pueden ser imputados”.

Sea como sea y más allá de las posturas doctrinarias que alegue cada sector legislativo, la Argentina podrá ingresar entonces en un período de debate que puede ser fructífero y que se encuentra planteado en muchos otros países. Los casos más cercanos fijan la edad de imputabilidad en 13 años, como en Uruguay, o en 14 como es el caso de Brasil.

No es preciso reseñar casos de trágica repercusión, con víctimas fatales y la intervención de menores en homicidios o delitos de enorme gravedad. Más allá de los diversos aspectos que acompañan a esta cuestión, se está seguramente frente a una realidad que lastima a los protagonistas de estos hechos y que, desde luego, repercute sobre las víctimas muchas veces fatales de su accionar.

“La edad de imputabilidad es un tema que gobierno tras gobierno, año tras año, las distintas fuerzas políticas han ido posponiendo y escondiendo”, dijeron los funcionarios, para agregar que “las estadísticas dicen que el delito juvenil existe, crece y cuesta vidas”.

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Al universo delictivo juvenil, si se quiere desorbitado y privado de rumbos certeros, se le puede sumar la actitud aviesa de muchos mayores que se aprovechan del estado de inimputabilidad penal de los menores, obligándolos o instándolos a delinquir.

Está claro, también, que no sólo merece reformas el sistema penal en su conjunto, sino que el Estado argentino, en forma prioritaria buscando fórmulas eficaces -educativas, sociales y culturales- debe apuntar al impulso de políticas capaces de apartar a tantos menores de la senda del delito.

Desde luego que si bien la cuestión está lejos de agotarse mediante un solo debate por la inimputabilidad en el Congreso nacional -ya que existe una diversidad de factores- también es cierto que abordar y resolver sobre esta cuestión puede formar parte de una solución realista y comprensiva del problema.