La necesidad de nuevas leyes frente al avance del delito

Hace ya muchos años –seguramente demasiados- que se instaló en sectores del país una cultura basada en el delito, reflejada en una suerte de vale todo callejero y derivada, asimismo, no sólo de la ineficacia policial para combatirla, sino de cuadros legales permisivos que permitieron el crecimiento de una ola delictiva cada vez más peligrosa.

Sobre parte de ese fenómeno los legisladores nacionales podrían debatir y, eventualmente, sancionar en las próximas jornadas algunas normas recientemente impulsadas, que, según se aseguró, apuntan a morigerar beneficios procesales que parecen excesivos y, a la vez, impulsar herramientas penales más eficaces a la hora de sancionar los delitos más graves.

Tal como se detalló ayer en este diario, el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará sancionar en una sesión especial solicitada para el próximo 7 de agosto dos proyectos del paquete de seguridad referidos al Registro Nacional de Datos Genéticos de Delitos, una figura que se vincula a delitos contra la Integridad Sexual, y, en otro asunto, a la prórroga de entrega voluntaria de armas de fuego.

La bancada oficialista también tendrá un fuerte desafío que es lograr acuerdos para sancionar la baja de imputabilidad de los menores, de 16 a 13 años, que es una propuesta que se instala en el Congreso para situaciones en las que los menores cometen un crimen.

En realidad, tendría que también analizarse a fondo y prever sanciones acordes con la actitud de los adultos que inducen o se especializan en la compra de artículos robados que le suministran menores de edad.

Asimismo, se informó que para más adelante quedará la ley Antimafia, una herramienta que el Gobierno considera esencial para luchar contra el crimen organizado. Para su tratamiento aún resta consensuar con los bloques dialoguistas.

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Se trata de cuestiones que hacen a la llamada legislación de fondo, que es la que tiene vigencia en toda la órbita nacional y de allí su importancia.

Sin embargo, no se desconoce que muchos aspectos normativos –relacionados a la mayor seguridad que merece la población- son de incumbencia provincial y que también en estas leyes de índole procesal es mucho lo que, según insisten los especialistas, debiera avanzarse.

La irrupción de la droga y del narcotráfico, los avances tecnológicos mal empleados, como en el inquietante caso de los ciberdelitos, agravaron un panorama que, además, se nutrió con la aparición de una corriente doctrinaria demagógica que relativizó y hasta cuestionó el cumplimiento de las leyes, votó normas procesales permisivas y asentó criterios que fueron despojando a la sociedad de convicciones claras acerca de las obligaciones que toda persona debe cumplir para vivir en sociedad.

En ese sentido, fue el fundamento de sentencias que favorecieron a los delincuentes.

Lo cierto también es que la legislación en nuestro país no ha sido actualizada con la dinámica que requieren, por ejemplo, los avances tecnológicos, que crearon un nuevo campo para el delito.

Por eso, es la hora de revisar todo lo que corresponde a la legislación procesal.