La fuga masiva de trece menores alojados por la comisión de causas penales graves en el instituto cerrado Eva Perón, situado en Abasto sobre las calles 520 y 224, ocurrida en las últimas jornadas, viene a exponer una vez más otro aspecto de las graves falencias que en materia de seguridad presenta el sistema de contención de presos en la Provincia, sean adultos detenidos en las cárceles y comisarías, o adolescentes en institutos especiales.
En la noche del martes mientras tres celadores se encontraban a cargo de la custodia de los menores alojados, trece de ellos se escaparon en circunstancias que están en etapa de investigación.
Las fuentes consultadas por este diario aseguraron que, a poco de producida la evasión, cuatro de los jóvenes pudieron ser recapturados. Al resto se los sigue buscando. Añadieron que todos los que huyeron del instituto se encuentran acusados de delitos graves.
Se informó que la fuga y las circunstancias en las que pudo registrarse están bajo investigación de la Justicia actuante y por el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA).
Tal como se ha señalado en forma reiterada, estos hechos no deben ser considerados como episodios aislados, sino que se enmarcan en una grave problemática relacionada con deficiencias en el manejo y alojamiento de los detenidos, que deberían ser analizadas y corregidas por las autoridades policiales, penitenciarias y del área de minoridad.
Además del mandato constitucional sobre el tratamiento debido a los detenidos, corresponde asimismo dar respuesta al justificado temor de la población, que no deja de expresar su alarma ante la fuga de procesados o penados, muchos de los cuales suelen contar con frondosos antecedentes delictivos.
Más que suficientes problemas de seguridad padecen los vecinos platenses, por la ola delictiva que no deja de recorrer el distrito causando temor y protagonizando episodios de enorme gravedad, como para que las cárceles e institutos de contención sufran estos episodios, que agravan por cierto esas condiciones penosas que la delincuencia impone.
Desde luego que es responsabilidad primaria de las autoridades estudiar detalladamente este problema y avanzar sin pérdidas de tiempos en la búsqueda de las soluciones de fondo.
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