Son todos los poderes del Estado los que están en deuda frente al delito

Hace cuatro años la Zona Norte –Tolosa, Ringuelet, Gonnet, City Bell, Villa Elisa, Hernández, Gorina, Los Porteños y otros barrios- participó de un denominado “alarmazo”, consistente en tocar bocinas, alarmas vecinales y otros elementos sonoros durante un minuto, para protestar por la inseguridad reinante. Ahora estaría en condiciones de realizar la misma protesta y un dato reciente así lo explica: en los últimos días se contabilizaron más de 10 asaltos violentos a domicilios o a personas.

“Es un desastre lo que ocurre”, sintetizó un vecino. Los pobladores sospechan de al menos tres bandas que están al acecho. Los frentistas de Gonnet, City Bell y Arturo Seguí, reclaman una mayor presencia policial en la zona. Este último se trata de un reclamo vitalicio, tan antiguo como insatisfecho por las autoridades. La Policía no está, no puede, llega tarde, no hay rondas, carece de patrulleros.

El último fin de semana tres vecinos de Gonnet terminaron reducidos en el interior de sus respectivas viviendas tras ser atacados por delincuentes armados. Uno en 27 y 493, el otro en 490 entre 16 y 16 bis y el tercero en 510 entre 14 y 15, como para citar algunos ejemplos.

A los mencionados episodios, el último lunes se agregaron dos casos más. Es esta oportunidad golpearon a dos familias de Gonnet y City Bell. En 485, entre las calles 27 y 28, una banda aprovechó la ausencia de los moradores para ingresar y sustraer un botín millonario, mientras que un vecino de 21 C, entre 460 y 461, también fue despojado de sus pertenencias. En tanto que en 475 entre 7 y 8, un joven de 28 años fue víctima de una salvaje paliza en medio de un robo cuando se dirigía a la parada de micro.

Todas esas situaciones sin contar las amenazas de las usurpaciones a las que la Justicia suele derivarlas a juzgados civiles y los propietarios, si pueden recuperar el inmueble, lo hacen después de años.

No es la primera vez en que los vecinos de Zona Norte cuestionan los altos niveles de inseguridad reinantes. Por el contrario, se han reunido los distintos vecindarios con las autoridades policiales y de seguridad en numerosas oportunidades, en encuentros en donde no sólo dejaron planteados sus reclamos sino que aportaron sugerencias y datos destinados a mejorar el accionar policial. Al mencionado “alarmazo” se sumaron habitantes desde todos los barrios.

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Si bien es incumbencia primera y excluyente de la Policía garantizar la seguridad de la población, sería impropio suponer que la responsabilidad sólo pasa por ella. En las últimas décadas vino quedando demostrado que son los tres poderes institucionales –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial- los verdaderos responsables de la ola delictiva que aflige a la población. Mal manejo de la fuerza policial, leyes casi disparatadas que beneficiaron sólo a los delincuentes y fallos tardíos y permisivos se sumaron desde el Estado para originar esta cuasi anarquía social que plantea la ola delictiva.

La población ha hecho lo que pudo. Reunirse con las autoridades, sugerir programas de acción y, sobre todo, crear sistemas de defensa frente al delito, afrontando con su peculio el pago de costosas alarmas, rejas y muchos otros sistemas de seguridad.

Algunos pobladores ya llegaron al indeseado extremo de procurar justicia por mano propia, adoptando actitudes que deben ser reprimidas con el peso de la ley.

Es el Estado el deudor en esta historia. Son los tres poderes gubernamentales los que tienen que buscar respuestas eficaces, sean administrativas, legislativas y judiciales. Lo que está pasando en estos días en la Zona Norte no es otra cosa que lo que ocurre en toda la Región, castigada y atemorizada por una delincuencia que sí actúa ensamblada y que no descansa.