Un paso fundamental en el afianzamiento de la libertad de expresión

Hace 60 años, un paso fundamental en el afianzamiento de la libertad de expresión se concretó a través de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. El New York Times había publicado una solicitada que ocupaba una página completa del diario firmada por activistas de los derechos humanos, que criticaba al departamento de policía de la ciudad de Montgomery, Alabama, por el maltrato que recibían dirigentes de esas organizaciones, incluyendo al reverendo Martin Luther King Junior. En esa ciudad, se habían realizado manifestaciones contra la segregación racial que imperaba en ese estado, y en las mismas se produjeron incidentes. Muchas de las denuncias formuladas en esa página se basaban en hechos reales, pero algunas contenían ciertos errores.

No se nombraba a ningún oficial de la policía, pero el jefe se sintió agraviado e inició una acción judicial, no solamente contra los firmantes sino también contra el New York Times. Según la legislación de Alabama de aquella época, el jefe Sullivan solo tenía que demostrar que tenía que haber un error que dañara su reputación para que el diario debiera indemnizarlo. La justicia de Alabama falló a su favor y determinó que el diario debía pagarle 500 mil dólares, lo que en estos días significaría alrededor de 5 millones de dólares.

El diario apeló y el caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que en una sentencia histórica afirmó: “Dado que la publicación incluía un discurso en el que se criticaba a funcionarios públicos sobre un asunto de interés público, se debe aplicar un estándar más alto al definir ‘malicia de acción’ y determinar la responsabilidad por difamación”. Con precisión el Tribunal definió la “malicia real” como la publicación de una declaración “con conocimiento de que era falsa o con un desprecio temerario por si era falsa o no”.

La organización estadounidense News Media Alliance, al celebrar el 60º aniversario de esa sentencia, afirmó que la adopción de esa doctrina por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos y establecerla como un principio para todos los tribunales de ese país, ha permitido que el debate público sobre los funcionarios y las acciones del gobierno se haya fomentado durante las últimas seis décadas, ayudando a promover la rendición de cuentas y la transparencia. Sin esa sentencia, “los periodistas correrían el riesgo de enfrentar demandas insalvables por difamación interpuestas por cada error inocente o fruto de un descuido, amenazando la existencia misma de la prensa libre. El caso Sullivan nos protege a todos, no solo a los periodistas y activistas. Usted, como ciudadano, es libre de hablar en contra de la junta de su condado o criticar a sus funcionarios electos en las redes sociales, entre otros medios, incluso si esa crítica incluye errores no intencionales, sin temor a tener que demostrarlo en la Corte”.

Finalmente alerta que si bien puede haber algunos, incluido al menos un juez actual de la Corte Suprema, que deseen diluir las protecciones bajo Sullivan, el precedente aún disfruta de un amplio apoyo bipartidista en la legislatura y el poder judicial en reconocimiento de su beneficio para todos. Esta protección de la libertad de expresión, que tantos países no brindan a sus ciudadanos, es uno de los pilares más importantes de la democracia estadounidense.

La mencionada doctrina garantiza a los ciudadanos y a los periodistas el ejercicio de la libertad de expresión ante funcionarios del Estado que normalmente cuentan con muchos más elementos para defenderse que los denunciantes.

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Las investigaciones periodísticas cobraron de esa manera mayor profundidad.

En la Argentina, esa doctrina que comenzó a ser aplicada por su máximo tribunal, sirvió para proteger a decenas de reporteros que lograron dar a conocer ilícitos cometidos por funcionarios públicos de todos los niveles. En ese sentido, ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones de democracia al denunciar actos de corrupción que en otras épocas fueron olvidados.

Lamentablemente, en la actualidad existe el temor de que la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la cual la mayoría de los integrantes fueron propuestos al Senado por el futuro presidente Trump, pudieran ponerle límites a esa doctrina.